El exalcalde de Beneixama, el popular Antonio Valdés, podría tener que responder ante la Justicia por un presunto delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios. Así se desprende del informe policial de la operación Bicara al que ha tenido acceso este diario. Fue el pasado 17 de marzo cuando los agentes del grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría Provincial registraron el Ayuntamiento de Beneixama, en el marco de una operación contra la corrupción ordenada por el Juzgado Número 4 de Alicante.
Al exalcalde de la localidad, que ya declaró entonces en calidad de detenido, se le considera presunto autor de la concesión fraudulenta de la licencia de segregación de los terrenos de la Fundación Elena Santonja, que ocupa el antiguo convento de mojas situado en pleno centro urbano de Beneixama. De este modo seis parcelas fueron agregadas a los dueños de las fincas adyacentes con las que lindaban los terrenos de la Fundación, siendo tales propietarios el propio exalcalde Antonio Valdés, su mujer así como el tesorero de la Fundación y otros familiares de ambos. La segregación se realizó en abril de 2006 por decreto de Alcaldía pero, según consta en el informe policial, Valdés debió haberse abstenido en este asunto y haber delegado sus funciones en otro cargo municipal «ya que, gracias a su intervención en calidad de alcalde, tales terrenos iba a adquirirlos él mismo, así como familiares directos, beneficiándoles por tanto a través de la necesaria licencia de segregación».
Dentro de la misma operación también se investigan las posibles irregularidades en el expediente de responsabilidad patrimonial, que en su día interpuso quien fuera secretario del Ayuntamiento de Beneixama, Rafael Campos Villasevil, especial interesado en la aprobación de este trámite con el que pretendía percibir 60.000 euros como indemnización por despido. Pues bien, en el informe que los agentes de la UDEF le han aportado al Juzgado Número 2 de Villena -que está instruyendo el caso- se señala que en octubre de 2013, desde la cuenta de correo «vicara» el acusado dirigió un mensaje con el asunto «Acta comparecencia modificada» al entonces secretario municipal en funciones, Vicente Sirera. Las pesquisas policiales han podido constatar, sin embargo, que el instructor de este expediente, el exconcejal popular Eugenio Valdés, firmó en octubre, junto a Sirera y Campos, el expediente cuando estaba caducado falseando, supuestamente, un elemento esencial como es la fecha, por lo que podrían ser responsables de un delito de falsedad en documento público, tal y como reflejan los inspectores en sus conclusiones significando, asimismo, que conociendo la caducidad del procedimiento realizaron tal falsedad presuntamente a fin de que el declarante recibiera el pago, motivo por el que también pudieron haber incurrido en una posible estafa procesal penada con cárcel. Éstas son dos de las vertientes del caso pero no son las únicas. Hay muchas más.
