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Villena

El TSJ desestima el recurso contra la llegada de basuras

El alto tribunal ratifica la decisión del Consorcio de enviar 60.000 toneladas de residuos al año a la planta de tratamiento de Vaersa

El TSJ desestima el recurso contra la llegada de basuras

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha desestimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Villena, con el que pretendía evitar la llegada de 60.000 toneladas de residuos sólidos urbanos procedentes de la comarca de la Vega Baja. Como ya se informó en su día, esta decisión la adoptó en septiembre de 2013 la Junta de Gobierno del Consorcio y contra la misma recurrió unos días después el Consistorio villenense al considerar que, además de ser perjudicial ambientalmente, no se ajustaba a Derecho.

Sin embargo, una vez estudiado el asunto, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Alicante emitió un auto tres meses después denegando la suspensión del acuerdo que la Junta de Gobierno del Consorcio adoptó, en sesión extraordinaria y urgente, para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal XIII autorizando el traslado de residuos de la Vega Baja a la planta de Villena. Los responsables municipales de Villena decidieron apelar al TSJ y ahora el alto tribunal ha confirmado el auto, contra el que además ya no cabe recurso alguno, imponiendo las costas judiciales al Ayuntamiento.

El alcalde de Villena ya indicó en aquel momento que lo que más le preocupaba al equipo de gobierno de Los Verdes, PSOE y VCD era «el atentando contra la salud de los villenenses» por la llegada de 60.000 toneladas de residuos anuales que se iban a sumar a las 90.000 toneladas que ya recibe la planta de tratamiento de Vaersa. Javier Esquembre, de Los Verdes, argumentó su rechazo por el aumento de las molestias a los vecinos debido a los malos olores que ya soporta la ciudad. Unos episodios que se repitieron con asiduidad en los años en los que la planta recibió 150.000 toneladas de basuras al año. También advirtió de que la instalación no contaba con una plan de gestión residual y no descartó convocar a la ciudadanía para movilizarse contra la decisión del Consorcio.

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