Dos hombres de 45 y 57 años de edad, ambos españoles y máximos responsables de una empresa encargada de la destrucción de calzado ubicada en Aspe, han sido detenidos por agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Se les acusa de la supuesta comisión de los delitos de apropiación indebida y falsificación de documentos.

La operación policial comenzó a finales del pasado mes de abril cuando funcionarios de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de que se estaban introduciendo en diferentes mercados 30.000 pares de sandalias, de forma ilícita, de una conocida marca.

Comenzó entonces la investigación y fruto de las primeras indagaciones se tuvo conocimiento de que una reconocida empresa de calzado había remitido 180.000 pares de sandalias procedentes de stocks, para su destrucción a una empresa de triturado y reciclado de Aspe. Gracias a las pesquisas llevadas a cabo los agentes asignados al caso lograron averiguar que, en lugar de proceder a su destrucción tal y como estaba previsto, cerca de 30.000 pares de esas sandalias se estaban vendiendo ya en diferentes mercados de Alicante y Málaga.

Por tal motivo, los funcionarios policiales procedieron el pasado lunes a la detención, en Aspe, de los dos máximos responsables de la empresa encargada de la destrucción del calzado bajo los supuestos cargos de apropiación indebida y falsificación de documentos.

En la inspección realizada en la empresa se intervinieron cerca de 80.000 pares de sandalias procedentes de stocks, los cuales se encontraban preparados para su posterior venta, en lugar de proceder a su destrucción. Asimismo, la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Valenciana con sede en Elche, ha procedido a realizar una inspección en materia de Industria y Medio Ambiental en la misma factoría. Y ello en el marco de sus competencias asignadas por la normativa vigente.

La operación policial, a la que se la ha dado el nombre de Sandalia, ha sido llevada a cabo de forma conjunta por efectivos del Grupo I de Crimen Organizado de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante, la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Valenciana con sede en Elche y el Grupo I de Crimen Organizado de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga.

Los dos empresarios arrestados han quedado en libertad con cargos tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial.