El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Alicante ha anulado la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Salinas al considerar que la aprobación vulneraba la normativa vigente. La sentencia, a la que este diario acaba de tener acceso, ha estimado el recurso interpuesto por las funcionarias Leonor Mataix, Paula Herreros y el exsecretario municipal Manuel José Vidal, que demandaron al Ayuntamiento tras aprobar, en junio de 2010, la Relación de Puestos de Trabajo y desestimar, en marzo de 2011, el recurso de reposición que los demandantes interpusieron contra esa medida.
Los tres decidieron emprender acciones legales al entender que la resolución no se ajustaba a derecho porque, entre otras razones, el equipo de gobierno de PP, PSOE y SI que presidía el popular Isidro Monzó no respetó el proceso previo de negociación con Comisiones Obreras. Y ello porque, al comenzar la reunión con un retraso superior a la media hora, el representante de CC OO decidió marcharse, haciéndolo constar por escrito, lo que debió llevar a los responsables municipales a suspender la sesión y convocar nuevamente a las partes para negociar la RPT. En estos términos lo establece el propio magistrado.
Y precisamente éste fue el motivo que dio pie al exsecretario municipal a presentar, en 2012, una denuncia penal por la supuesta falsificación de documento público.
En el acta que desde el Ayuntamiento se remitió al Juzgado se decía que: «Antes del inicio de la mesa de negociación el señor presidente aclara los motivos del retraso, debido a la ausencia de la secretaria que correspondía actuar como tal, que por necesidades del servicio no ha podido asistir, siendo sustituida por la persona de María José Bustos, que se encontraba realizando las labores del Registro. Esta funcionaria, al acudir a tomar acta de la mesa general de negociación, informó que el representante de CC OO había abandonado el lugar de celebración presentando un escrito en el que informaba, este representante, de que abandonaba el lugar, a pesar de haber sido advertido de la necesidad de esperar en varias ocasiones, por la dificultad de encontrar a la persona que tomase el acta. Una vez aclarado este punto se procede al inicio de la mesa de negociación, sin presencia de CC OO por voluntad propia de su representante».
Es decir, según han hecho constar los denunciantes ante el juez se añadió a posteriori un párrafo, a efectos de intentar dar validez al acta, y de justificar que el representante sindical se había marchado aún a pesar de las advertencias de que se iba a retrasar la reunión. Y ello, según añaden los denunciantes, con el propósito de justificar que no estuvo en la mesa de negociación por culpa suya y que se ausentó voluntariamente. «De ahí -apuntan- que se añadiese el nuevo párrafo en el acta».
Esta querella, que fue inicialmente archivada por un Juzgado de Villena, fue recurrida a la Audiencia, que sigue pendiente de decidir si se procesa al alcalde, como presunto responsable de la supuesta falsificación documental, o se archiva por falta de fundamento.
