El equipo de gobierno popular de Beneixama ha decidido contratar los servicios de una empresa externa para que realice una auditoría de la gestión económica municipal de las dos últimas legislaturas. La medida, que se aplicará de forma inmediata, ha partido del alcalde, del popular Antonio Valdés, después de que el pasado 17 de marzo los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría Provincial de Alicante irrumpieran por sorpresa en el Ayuntamiento en una operación contra la corrupción económica. Además de incautarse de ordenadores y documentos de diversas actuaciones urbanísticas, los efectivos policiales detuvieron a siete personas -políticos, funcionarios, técnicos y empresarios- por los presuntos delitos de falsificación documental y estafa, y también tomaron declaración en calidad de testigos a otras dos más. Entre ellas al actual alcalde que, curiosamente, ha emitido un bando para informar a la población de su decisión de contratar a una «empresa independiente» que analice las cuentas municipales durante la actual legislatura, en la que el PP gobierna en solitario, y también durante el anterior mandato cuando el PSOE y Junts per Beneixama estaban al frente del Consistorio con la socialista Amparo Barceló de alcaldesa.
La razón que ha esgrimido Antonio Valdés para realizar la auditoría responde a «la lógica intranquilidad que en la población, y en la propia Corporación local, ha provocado la intervención llevada a cabo por la Policía Nacional y a los efectos de dar a conocer, con la mayor transparencia, la gestión municipal seguida en el Ayuntamiento de Beneixama». Postura que ha expresado únicamente a través de un bando público porque el primer edil no ha querido pronunciarse en ningún momento sobre la actuación abierta por la Fiscalía Anticorrupción, y en la que los agentes llevaban un año investigando. También permanece en silencio el concejal popular que fue detenido y liberado el mismo día en el que estalló la operación.
