Un jurado popular deberá juzgar el supuesto intento de soborno sufrido por un concejal independiente de Beneixama --del JpB-- tras las elecciones municipales de mayo de 2007, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales. En esta causa está procesado por un delito de cohecho Sergio I.M., director de una emisora local de radio de Villena para la que trabajaba el entonces edil Pepe Toni Mataix, quien fue despedido después de negarse a dar su voto al PP y apoyar al PSPV-PSOE para la formación de gobierno.

Este asunto ha sido investigado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Villena, que ha transformado el procedimiento abreviado en una causa con jurado, según las fuentes consultadas. En breve, las actuaciones serán trasladadas a las partes personadas para que presenten sus conclusiones provisionales, como paso previo a la apertura del juicio oral.

Los hechos ocurrieron poco después de las elecciones municipales celebradas el 27 de mayo de 2007, cuando el partido independiente JpB obtuvo dos actas de regidor y se convirtió en la llave de acceso a la Alcaldía de este pueblo de unos 2.000 habitantes ubicado en la comarca del Alto Vinalopó. El PP había obtenido cuatro concejales y el PSPV-PSOE, tres.

El entonces líder de JpB, Pepe Toni Mataix, recibió una llamada del director de la emisora villenera, para la que trabajaba como locutor. En esa conversación, Sergio I.M. se postuló presuntamente como intermediario del PP para ofrecerle supuestas prebendas a cambio de que apoyara a dicho partido en el pleno de investidura.

El propio concejal decidió grabar esa conversación por temor a represalias. La grabación, que ha sido autentificada por especialistas de la Guardia Civil, es una de las principales pruebas contra el procesado que obran en el sumario. En ella, Sergio I.B. le dice al regidor electo: ¡Pide lo que quieras, joder! A mí me han dicho que te pida y que te ofrezca. Tú dime algo porque me están esperando".

El concejal de Junts per Beneixama optó, sin embargo, por respaldar a la socialista María Amparo Barceló, en lugar de a la popular María Ángeles Rivas. Él entonces regidor de JpB se convirtió en teniente de alcalde, pero fue despedido de su trabajo en la radio. Mataix aportó la grabación en el juicio por despido improcedente que emprendió contra la empresa.

El juzgado de lo Social número 3 de Alicante desestimó la demanda porque el trabajador había firmado el finiquito, aunque hizo constar en la sentencia que el director de la emisora había "tratado de influir" en la decisión del voto del concejal. La Fiscalía abrió entonces una investigación de oficio y la remitió a los juzgados de Villena al apreciar indicios de un delito de cohecho contra el director de la emisora.

CONDICIÓN DE FUNCIONARIO

Sergio I.M. solicitó en su día el sobreseimiento de las diligencias abiertas por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Villena, tras alegar que el concejal no tenía todavía esa condición en el momento en que sucedieron los hechos, pues no había tomado posesión del acta.

Sin embargo, la sección décima de la Audiencia Provincial de Alicante desestimó el recurso de apelación donde el imputado esgrimía ese argumento. En un auto fechado el 20 de junio de 2013, los magistrados establecen que la condición de funcionario público ha de extenderse también a todo aquél "que participe en el ejercicio de funciones públicas", sea por disposición legal o por elección.

"Concretamente, la dádiva que se señala como indiciariamente ofrecida tenía como función condicionar la actuación política del denunciante en el seno de la corporación municipal, por su condición de concejal, cuya decisión podía servir para la elección de un determinado candidato a la Alcaldía, esto es, una actuación integrada de pleno en las facultades públicas como regidor del municipio", señala esta resolución, facilitada a Europa Press por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV).