La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Novelda está inmersa en la fase de instrucción del llamado caso Asilo de Aspe. La jueza trata de determinar si ha existido responsabilidad penal en el agujero de cuatro millones de euros detectado por el Ayuntamiento en las cuentas de la Residencia de Ancianos Nuestra Señora de las Nieves de Aspe. La querella responde a los presuntos delitos de estafa y apropiación indebida o malversación de fondos y tiene como único imputado al expresidente del Consejo de la Residencia de Ancianos, Rafael Antón Sanz. La junta directiva que se constituyó después de que se viera obligado a dimitir en el año 2012 fue quien emprendió acciones legales contra él, por unas supuestas irregularidades contables que pudieron haberse cometido entre 1996 y 2012.
La investigación podría resultar compleja y para aclarar lo sucedido la jueza va a tomar declaración a un total de 70 personas, todas ellas en calidad de testigos, en una fase de interrogatorios que podría prolongarse hasta el próximo mes de diciembre. Entre los citados figuran los exalcaldes del PP y PSOE, Nieves Martínez y Manuel Díez respectivamente, y los concejales socialistas María Isabel Cerdán, actual responsable de Bienestar Social, y Manuel García Pujalte, que se halla al frente de Economía y Administración Local.
Todos ellos, además de trabajadores del geriátrico, directivos y exdirectivos, residentes, socios y profesionales de entidades financieras deberán acudir al Palacio de Justicia de Novelda, entre otros, para comparecer ante la jueza antes de que el imputado sea llamado a declarar. Cabe señalar asimismo, según ha informado el TSJ, que la fiscal asignada al caso ha pedido ampliar la práctica de diligencias.
Cabe recordar al respecto que fue el exalcalde Manuel Díez quien presentó en junio de 2013 una denuncia ante el Ministerio Fiscal sobre los hechos, supuestamente delictivos, que fueron conocidos a través de la auditoría encargada por el Ayuntamiento para realizar el concurso de acreedores de la Residencia de Ancianos. Unas supuestas irregularidades contables presuntamente cometidas por la anterior directiva que presidía Rafael Antón. Éste llegó, incluso, a comparecer públicamente junto al alcalde y el auditor contratado, Manuel Herrero, para defender su gestión al frente del asilo.
