La provincia de Alicante, desde que el 1 de junio de 2013 entró en vigor la certificación energética obligatoria, ha registrado el cumplimiento de esta nueva exigencia legal en más de 75.000 viviendas y 3.600 locales comerciales, hoteles y otros establecimientos pertenecientes al sector terciario.

Cabe recordar que la Directiva Europea 2002/91/CE obliga a que los edificios puestos en venta o en alquiler dispongan de un certificado de eficiencia energética. Esta normativa fue traspuesta parcialmente a la legislación española por el Real Decreto 42/2007 de certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción, por el que se aprobaba el procedimiento básico para tal fin.

Pero, con la entrada en vigor el 1 de junio de 2013 del Real Decreto 235/2013, no sólo los edificios de nueva construcción se deben calificar, sino también los ya existentes cuando se vendan o alquilen. Desde el comienzo de la certificación energética de edificios, Ivace Energía, como organismo dependiente de la Conselleria de Industria competente en certificación energética de edificios en la Comunidad Valenciana, ha establecido las bases que regulan esta materia. De este modo se garantiza la existencia de técnicos competentes cualificados y que la información contenida en los certificados sea veraz, estableciendo los controles necesarios para ello.

Además de dar cumplimiento a la normativa legal, el certificado informa sobre el nivel de eficiencia energética de la vivienda en el momento actual e incorpora recomendaciones que podrían ser adoptadas por los propietarios para mejorar la eficiencia energética, y con ello reducir el gasto. Por ello este documento debe aportarse a toda oferta, promoción o publicidad, dirigida a la venta o arrendamiento de cualquier inmueble, correspondiendo la obligación de encargar y poseer el certificado al propietario.

Diez años de validez

Según los datos que maneja la Generalitat, el consumo de energía de los edificios supone cerca del 40% del total de la energía consumida en la Unión Europea, si bien, en la Comunidad Valenciana los edificios representan cerca del 20% del consumo final de energía, debido al clima suave de nuestro territorio. Desde el Consell se considera a la edificación un sector prioritario para la ejecución de medidas que conlleven una reducción del consumo de energía y, en este sentido, la certificación se perfila como un mecanismo muy útil para avanzar hacia un modelo de construcción más sostenible y eficiente.

El certificado tiene una validez máxima de diez años, aunque es conveniente actualizarlo cuando se produzcan cambios sustanciales en la vivienda. El resultado del proceso se resume en una etiqueta de certificación energética, que es común en todo el territorio nacional. Además, la calificación de eficiencia energética asignada al inmueble será la correspondiente a los índices obtenidos por el mismo. La escala es de siete letras y va desde la A para el edificio más eficiente hasta la G para el menos eficiente.