La Junta de Portavoces de Novelda acordó ayer, por unanimidad, presentar de manera conjunta una moción para solicitar judicialmente la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ CV) y que la empresa Aqualia, concesionaria del servicio de agua potable, devuelva los 521.000 euros cobrados indebidamente, informaron fuentes municipales.
La moción, propuesta por la alcaldesa, Milagrosa Martínez, se presentará en el pleno ordinario de septiembre que se celebrará el próximo lunes y está suscrita por PP, PSOE y UPyD. No lo ha podido hacer Esquerra Unida-Verds ya que tras la dimisión de la edil Margarita Pastor, el nuevo concejal José Antonio Rico todavía no ha tomado posesión de su acta, explicaron las mismas fuentes.
La alcaldesa indicó que «la unanimidad expresada por todos los grupos es un síntoma inequívoco de que todos estamos por defender a los ciudadanos y que se devuelva lo que se cobró indebidamente».
Martínez ya anunció tras conocer el pasado mes de julio el fallo del alto tribunal valenciano que se van a estudiar fórmulas para que esta devolución llegue directamente a los ciudadanos.
El asunto se remonta a 2009 cuando el anterior equipo de gobierno amplió el contrato de Concesión del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado, que debía finalizar el 13 de diciembre de 2013, durante tres lustros más, a la UTE Novelda, Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.-Fomento de Construcciones y Contratas. Como consecuencia de esa ampliación por 15 años más se incrementaron las tarifas y los noveldenses comenzaron a pagar un 22% más en sus recibos. La concesionaria repercutía, de esta manera los gastos financieros de los 4 millones de euros de canon que aportó entonces a las arcas municipales, señalaron las mismas fuentes.
Sin embargo, el Partido Popular nada más entrar a gobernar tras las elecciones de 2011, revisó esa ampliación del contrato y reclamó a Aqualia la devolución de los 521.000 euros cobrados durante los dos últimos años de la pasada legislatura al entender que la empresa pretendía cobrar unos gastos que ya habían sido descontados antes de la entrega del canon pactado.
