El equipo redactor del nuevo PRI, el mismo que el del PGOU, actualmente en redacción, admite en su informe que «desde la redacción del PGOU, en el año 1985, todos los planeamientos posteriores han sido anulados». En 1994 se aprobó el PERI de la zona y se concedieron las primeras licencias. Los propietarios consolidados en el área recurrieron el plan al detectar diferentes irregularidades y en 1999 el TSJ ordenó la demolición de lo construido. El Ayuntamiento, entonces gobernado por el PSOE, a la vez que recurría la sentencia ante el Tribunal Supremo continuó concediendo licencias. En 2002 se aprobó un nuevo PRI, en un intento por dar cobertura legal a las edificaciones. Los propietarios volvieron a interponer recurso, por lo que este nuevo modelo de ordenación también fue anulado. Los propietarios afectados por la demolición solicitaron en 2009 ante el TSJ la inejecución de la sentencia del Supremo y el Ayuntamiento, gobernado por el PP se sumó al expediente.
