Asaja ha anunciado que reclamará indemnizaciones para los agricultores que sufran daños en la calidad de las uvas por las obras del gasoducto Elche-Monóvar-Algueña. La dirección de Asaja en Novelda ha mantenido reuniones con la empresa encargada de desarrollar el proyecto para conseguir compensaciones destinadas a los productores que sufran un impacto directo en sus fincas. Entre ambas partes se ha alcanzado un «acuerdo de mínimos» y fruto de esas negociaciones se ha conseguido retrasar el inicio de los trabajos, que no se acometerán en las fincas plantadas con la variedad de uva Ideal hasta el 26 de septiembre, y el pago a precio de mercado de la variedad Aledo.
Sin embargo, la organización agraria considera que la medida es insuficiente y ha anunciado a la concesionaria -Redexis- que se reserva el derecho de formular reclamaciones para aquellas fincas colindantes que puedan sufrir daños en la calidad de la uva. Daños que, según ha señalado el presidente de Asaja Novelda, Pedro Rubira, no se han contemplado en las indemnizaciones fijadas.
El sindicato considera apropiado que los agricultores que tienen parcelas que atraviesa la conducción de gas perciban, a precio de mercado, la misma cantidad de dinero que si hubieran comercializado la uva que potencialmente habrían obtenido, además de las compensaciones que les corresponda por los desperfectos que se produzcan en las fincas y que quedarán registrados en las hojas de aprecio. No obstante Pedro Rubira critica que se desconozca el criterio que ha aplicado la empresa encargada de valorar las indemnizaciones de las parcelas afectadas. «Hemos visto que la valoración por metro cuadrado es diferente de unas parcelas a otras, aunque tengan el mismo cultivo. Me da por tanto la impresión de que no han hecho las estimaciones en el campo y se prevén muchas no conformidades y protestas por aplicar un criterio erróneo», advierte el presidente de Asaja Novelda. A su juicio las obras atraviesan unas 20 hectáreas, pero el terreno afectado de manera colateral alcanza más de 200 que, según subraya, es la superficie que linda con el gasoducto y que tiene una producción de seis millones de kilos de uva de mesa.
«Sólo hace falta un poquito de sentido común -concluye Rubira- porque es más que previsible que las fincas colindantes sufran todo tipo de perjuicios, ya que sólo el levantamiento de tierras y la afección del polvo o la rotura de las cañerías de riego puede perturbar el desarrollo normal de la uva, provocar daños en su calidad y que no se pueda comercializar con la Denominación de Origen. Por eso todos estos agricultores, para los que no existe compensación, tendrán que recibirla si sufren algún daño por la construcción del gasoducto».
La concesionaria prefiere no hacer manifestaciones al respecto pero desde el Consell ya se anunció, la semana pasada, un amplio paquete de medidas destinadas a minimizar el impacto de la obra e indemnizarlo con «generosidad».
