La deuda que la Generalitat Valenciana mantiene con el Ayuntamiento de Petrer supera los 600.000 euros y corresponde a una serie de partidas de las que el Consell está retrasando los pagos. Según datos que obran en poder de la Tesorería del Consistorio petrerense, datos que han sido facilitados al grupo municipal del Bloc-Compromís tras haberlos solicitado en el pleno de abril el Gobierno valenciano de Alberto Fabra seguía sin ingresar en las arcas municipales en la primera semana del presente mes un montante global de 637.110 euros. Cantidad cuyo concepto se corresponde con la suma de una serie de aportaciones y subvenciones que debería haber desembolsado ya el Consell.

Esta circunstancia ha llevado al portavoz municipal del Bloc-Compromís, David Navarro, ha criticar el trato de la Generalitat al Ayuntamiento de Petrer. Pero el concejal también ha querido matizar que «esta cantidad se refiere exclusivamente a la deuda contraída por la Generalitat con la Administración municipal de Petrer, ya que -advierte- si sumamos las deudas del Gobierno valenciano con particulares y otras entidades de nuestra localidad, hablaríamos de una deuda ciertamente millonaria». También ha mostrado Navarro su disconformidad con el planteamiento de la Conselleria de Bienestar Social respecto a los comedores escolares en verano.

Aunque el Consell anunciaba meses atrás que estaba trabajando en el diseño de un programa para asegurar la atención a menores en situación de especial vulnerabilidad durante las vacaciones estivales, la realidad es que hasta el pasado miércoles no ha habido ninguna Orden publicada que regulase este programa. Y, cuando finalmente se ha publicado, resulta que contiene «ciertas deficiencias», según denuncia Compromís. «Toda la responsabilidad de que los niños y las niñas en riesgo de exclusión social puedan acceder a una alimentación diaria y correcta se deja en manos de los ayuntamientos a los que la Generalitat, además, ha dado sólo cinco días hábiles para solicitar la correspondiente subvención», apunta Navarro.

Por otra parte, Compromís tampoco está de acuerdo con que la regulación de la Conselleria sólo atienda a criterios de renta y deje fuera, por ejemplo, a los menores discapacitados, los que sufren violencia de género, conviven con familias educadoras o residen en centros de la propia Generalitat.