Los propietarios del edificio Caudel de Elda han concluido ya sus negociaciones con los responsables comarcales del sindicato UGT, cuya sede está ubicada en los bajos de la finca, después de que los administradores del edificio detectaran un enganche ilegal por parte del sindicato a la luz de la comunidad, situación que se remonta a 18 años atrás.

La última asamblea vecinal, celebrada el pasado martes, ratificó la propuesta inicial solicitando a UGT una indemnización de 40.000 euros por el gasto de fluido eléctrico durante los últimos 18 años, gasto que ha venido a cargo de la comunidad de propietarios del inmueble.

Después de que el sindicato «regateara» esa cantidad, explicaron los vecinos consultados, se sometió a votación la oferta de UGT, que inicialmente planteó una indemnización de 25.000 euros, pudiendo llegar a un máximo de 30.000. Los cerca de 20 propietarios que asistieron a la reunión votaron definitivamente las condiciones a aceptar y aunque «inicialmente hubo disparidad de opiniones, finalmente la mayoría votó por mantener la cantidad en 40.000 euros, pero con la posibilidad de que adelantaran en un único pago 25.000 euros y el resto en un plazo de dos años». A la cita del martes no asistió ningún representante del sindicato, dado que su oferta la trasladaron los administradores de Arge-Fincas a los propios vecinos. Además, dentro del orden del día se incluía el punto de contratar abogados y procuradores, cuestión que se aprobó, dado que «en caso de que en una semana UGT no conteste a nuestra petición, nos personaremos en la causa que hay abierta como acusación particular», anunciaron las mismas fuentes.

Tras la denuncia interpuesta por los administradores de Arge-Fincas en la Comisaría de Policía, los responsables del sindicato han mantenido dos reuniones con los vecinos para intentar llegar a un acuerdo que compense a la comunidad por los perjuicios causados durante los 18 años en los que el sindicato no ha tenido contador de consumo eléctrico.

Las posiciones de vecinos y sindicato ha variado a lo largo de los dos últimos meses, dado que, si bien desde UGT mostraron su disposición inicial a llegar a un acuerdo con los vecinos, admitiendo el error por parte de los responsables sindicales , «una vez se hizo público el enganche ilegal, desde el sindicato la actitud cambió», explicaron a este diario los vecinos consultados.

Tras la primera toma de contacto entre vecinos y UGT se produjo una segunda reunión, hace aproximadamente un mes, a la que los representantes y responsables de UGT descartaron que la sesión fuese pública.

En esa asamblea, tal como relataron las mismas fuentes, los vecinos propusieron su oferta para zanjar el asunto, pidiendo una indemnización a la comunidad de 40.000 euros. En aquel momento, el sindicato reclamó la documentación pertinente para decidir su postura oficial, quedando emplazados hasta el pasado martes para decidir su posicionamiento definitivo. Los representantes del sindicato ofertaron, a través de los administradores, una cantidad máxima de 30.000 euros.