El pleno del Ayuntamiento de Aspe en su totalidad apoya la retirada del copago a los dependientes. A través de una moción firmada por los portavoces del grupo socialista, de Esquerra Unida y popular -Marisa Cerdán García, Antonio Puerto García y Sergio Puerto Manchón, respectivamente-, el pleno municipal mostró su apoyo a la Asociación Pro-Personas con Discapacidad de Aspe y al Comité de Entidades Representantes de personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI CV) en su reclamación de paralizar la aplicación del decreto 113/2013, de 2 de agosto, y proceder a su derogación en las Cortes Valencianas.
El texto de la moción sostiene que el decreto, cuya finalidad es fijar el régimen y las cuantías de los precios públicos a percibir en el ámbito de los servicios sociales, se ha traducido en «establecer unas condiciones económicas durísimas, inasumibles en algunos casos, para las personas con discapacidad usuarias de centros y servicios».
También pide esta inusual entente política que las administraciones autonómica y estatal revisen «toda legislación referida al establecimiento de copago para el sostenimiento de los servicios de atención a las personas con discapacidad», a la vez que acuerdan dar traslado a la Conselleria de Bienestar Social, al Gobierno de España y a los grupos parlamentarios con representación en las Cortes Valencianas y el Congreso de los Diputados de su decisión.
El edil de EU asegura que en esta moción «se avanza más de las que se están presentando en otros municipios», ya que no se pide una revisión, «sino que se demanda al gobierno central y autonómica la retirada de cualquier reclamación de pago al sector de la discapacidad».
El CERMI alertó de que la Dirección General de Personas con Discapacidad y Dependencia anunció que los usuarios de servicios residenciales deberán copagar catorce mensualidades por esta prestación. Los firmantes del decreto alertan de que «de ser así, hay casos de personas que deberían aportar hasta 160? mensuales».
