Evitar el derribo de 120 viviendas en La Jaud. Con este objetivo la alcaldesa, Adela Pedrosa, ha convocado para mañana un pleno extraordinario y urgente en el que se vote la modificación del Peri-Puente Nuevo tras el dictamen favorable emitido por la Conselleria de Infraestructuras que abre la puerta a la legalización de este sector sobre el que pende una orden de derribo del Tribunal Supremo desde 2009.
El pleno debe ahora aprobar la modificación de manera definitiva en sede municipal para volver a enviar la documentación a Valencia y la tramitación requiere dejarlo cerrado antes de las vacaciones de agosto.
El problema de las viviendas de La Jaud, que se remonta al gobierno socialista de Roberto García, entraría así en vías de solución tras dos negativas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad y del propio Tribunal Supremo que consideró que los planes presentados pretendían «sólo evitar la demolición pero no subsanaban las irregularidades urbanísticas» denunciadas en su día por otros residentes de la zona, que se quejaron del exceso de edificabilidad. Ayer todos los grupos se reunieron en comisión informativa y tanto populares como socialistas votaron a favor, mientras que IU y UPyD se abstuvieron.
El portavoz del PSOE, Rubén Alfaro, explicó que «la intención es que los vecinos solucionen su problema de una vez por todas». Desde IU, Luisa Martínez, alegó que «siempre abogamos por que se identificara a los responsables de esta situación pero no nos han hecho caso» y «en este tema ni PP no PSOE han dado con los pasos certeros para solucionarlo». Por su parte, César González, de UPyD, argumentó que «no voy a unir las siglas de mi partido a un problema que no hemos creado y que cuando surgió ni siquiera teníamos representación» pero «espero que se solucione».
