«Al pleno pasado llegué pensando que era usted una hipócrita y me fui pensando que era una maleducada y en éste me doy cuenta de que es también una irresponsable». Con estas palabras respondió el concejal de Industria, David Navarro, a la edil de Izquierda Unida, María Luisa Martínez, en su turno de palabra cuando se trataba uno de los puntos candentes del pleno celebrado ayer en Elda, el Plan de Empleo. La intervención da muestras de que lejos de haberse calmado las aguas desde la última sesión entre PP e IU, el cruce de acusaciones continúa.

La adhesión del Ayuntamiento al Plan de Empleo impulsado por la Diputación en el que participa también el Consell fue aprobado con los votos a favor de PP, PSOE y UPyD y contrario de IU. Este plan, que arrancará a mediados del mes que viene, consiste en otorgar subvenciones a las empresas para que contraten a parados de larga duración y tiene una dotación cercana a los 200.000 euros en total, de los que 65.000 los aportará el Ayuntamiento. Tras unas modificaciones al presentado inicialmente prevé emplear a 170 personas de la localidad durante tres meses.

El portavoz socialista, Rubén Alfaro, criticó la tardanza en la puesta en marcha del plan, anunciado hace nueve meses, pero justificó su voto afirmativo en que «nuestra principal preocupación es el paro». Su homólogo en UPyD, César González, también apoyó el plan, eso sí, tras modificarse una cuestión para él «clave», «que se dé prioridad a que los vecinos de Elda consigan un puesto de trabajo en la localidad porque no tendría mucho sentido que alguien se tuviera que desplazar a Rojales o a Dénia con los sueldos de los que estamos hablando». Pero IU consideró que esta iniciativa «sólo es una migaja para los parados que no solucionan nada». Martínez aseguró que «si la subvención que reciben los empresarios es de 1.125 euros por contrato, el trabajador acabará cobrando entre 500 y 600 euros». Además, recordó que «no hace tanto tiempo el Ayuntamiento decidió no aportar 25.000 euros para planes de empleo y formación a personas en riesgo de exclusión social, lo que provocó perder una subvención de 282.000 euros». «Entre la alcaldesa, Adela Pedrosa, y la concejal de Hacienda, Virginia Romero, se reparten este dinero anualmente en dietas», reprochó Martínez, lo que provocó la airada salida de Romero, que la acusó de «mentirosa» y de «demostrar una falta total de responsabilidad con sus votantes porque no se prepara los plenos, ni siquiera se lee los expedientes y viene aquí a insultarnos».

La solicitud para declarar las fiestas de Moros y Cristianos de Interés Turístico Nacional también encendió los ánimos de Martínez, esta vez con el edil de Fiestas, Francisco Muñoz. La edil de IU consideró un «insulto» el gasto en Fiestas, que cifró en 750.000 euros y defendió que «antes de promocionar las fiestas hay que poner al día la ciudad, que no sólo tiene fiestas y ruta de outlets, sino tres museos constreñidos o sin actividad, un casco antiguo ruinoso y un castillo que no se puede visitar». Muñoz aseguró que «no puedo gastar 750.000 euros en fiestas porque el presupuesto es de 400.000, la mitad de cuando ustedes llevaban fiestas y estamos haciendo más cosas». PSOE y UPyD apoyaron a los populares en este punto y IU finalmente se abstuvo.

Por otra parte, en el pleno también quedó aprobada la subida de tarifas de la piscina cubierta municipal con los votos favorables de PP y UPyD, la abstención del PSOE y el voto contrario de IU que abogó por municipalizar el servicio en lugar de adjudicarlo a una empresa externa. Asimismo, se aprobó la prórroga por seis meses de la contrata del servicio de transporte urbano.