La maraña judicial en que desde hace largos años, por unos motivos o por otros, se encuentra inmersa la planta de residuos de Las Cañadas, en término municipal de Elda, sigue sumando capítulos. En esta casión, el vertedero que regenta Vicente Marco ha llevado a juicio al Ayuntamiento ante la denegación de la licencia de ocupación para la ampliación que ha acometido de sus instalaciones, con la construcción de dos nuevas naves, un asunto por el que días atrás tuvieron que ir a declarar a los Juzgados de Alicante dos arquitectos municipales.
Efectivamente, el Ayuntamiento denegó dicha licencia a la empresa del vertedero por varios motivos: primero, porque no se habría solicitado licencia de obra, sino ya directamente la licencia de primera ocupación; segundo, porque las nuevas naves se habrían construido en suelo no urbanizable y calificado como de especial protección; y tercero, porque la Conselleria de Medio Ambiente ya había abierto, con fecha del mes de noviembre de 2012, un expediente sancionador por este mismo tema, decretando la demolición de, en principio, una de las dos naves construidas y una multa económica, según ha podido constatar este periódico.
Por su parte, la empresa (Limpiezas Urbanas del Mediterráneo) niega que las nuevas construcciones vulneren norma urbanística alguna y afirma con rotundidad que es un error porque no se ha construido nada en la parcela señalada. Así las cosas, y ante la denegación de la licencia por parte del Ayuntamiento de Elda, la empresa presentó un recurso en el Juzgado de lo Contensioso Administrativo número 2 de Alicante contra el Consistorio y por este procedimiento de momento han tenido que ir ya a declarar dos arquitectos municipales.
La trayectoria del vertedero ha estado marcada por la polémica. IU denunció su actividad ante la Comisión Europea y especialmente famosa fue la denuncia interpuesta por la empresa contra el exalcalde Juan Pascual Azorín, archivada ya definitivamente en el pasado año 2011 por el Tribunal Supremo.
El "bloqueo" de la Policía Autonómica
Recientemente el vertedero de Las Cañadas volvía a ser noticia tras conocerse que la Policía Autonómica estaba impidiendo la entrada de basuras en la planta de residuos en base a lo estipulado en una resolución judicial y al carecer la instalación de la autorización ambiental integrada que debe emitir la Conselleria. La planta privada recibe basuras de distintas poblaciones de la Comunidad, que no de Elda. Al igual que en el caso de la ampliación acometida en suelo de especial protección, la empresa que gestiona el vertedero niega tajantemente los hechos que se le imputan y, por su parte, ya ha interpuesto una querella contra el director general de Calidad Ambiental por un supuesto delito de prevaricación. Fuere como fuere, la planta de residuos vuelve una y otra vez a la palestra y sigue sumando polémicas dentro y fuera de los tribunales.
