El Juzgado de Instrucción Número 1 de Novelda sigue investigando, a instancias de la Fiscalía, el procedimiento que siguió el equipo de gobierno popular de Monóvar para contratar la instalación del alumbrado público en el camino del polideportivo de Monóvar. La jueza que lleva el caso ya tomó declaración en la última semana de octubre, y en calidad de imputados por un supuesto delito de contratación irregular, a la edil de Urbanismo, la popular Deseada Bellot, y a su hermano Francisco Bellot, que es el ingeniero al que en julio de 2011 le fue encargado este proyecto valorado en 53.946 euros y por cuya redacción percibió 5.394 euros en concepto de honorarios.
Siguiendo con la instrucción del llamado caso Alumbrado la juez tomó declaración durante la mañana de ayer, y en calidad de testigos, al interventor municipal José Ortolá, con el que este diario no pudo contactar pese a intentarlo en varias ocasiones, y al secretario municipal en funciones, José Carlos Payá. Éste último respondió por espacio de quince minutos a las ocho preguntas que le formularon la jueza y el abogado de la defensa y, a continuación, abandonó la sala en la que instantes después comparecía, con el mismo fin, el interventor del Ayuntamiento.
En ambos casos las preguntas versaron sobre detalles técnicos respecto a la tramitación seguida en el expediente de contratación de la obra, pero ninguno de los testigos quiso revelar el contenido de sus declaraciones al salir del Juzgado de Novelda. "He acudido porque me ha citado la juez y mi único deseo es ayudar a esclarecer el asunto", se limitó a señalar Payá.
Cabe recordar que este asunto fue denunciado ante la Fiscalía de Alicante por el Gimv, partido que era el antiguo socio de gobierno del PP en Monóvar.
