Varias decenas de empleados, padres y usuarios ha iniciado en Villena la marcha que, durante diez días y más de 200 kilómetros, recorrerá parte de las provincias de Alicante y Valencia para que la Generalitat Valenciana pague los atrasos a los centros de discapacitados y enfermos mentales.

Con el lema "Marcha de la Discapacidad por el Respeto y la Dignidad", los participantes han comenzado a andar a las 10.45 desde la plaza del ayuntamiento de Villena en dirección a Sax y para terminar la jornada en Elda, un recorrido de 26,9 kilómetros.

Mañana tienen previsto recalar en Monóvar y posteriormente cada día en San Vicente del Raspeig, Ibi, Alcoy, Ontinyent, Xátiva, Alzira, Silla y Valencia, donde el 28 de noviembre alcanzarán la plaza de la Virgen, junto a les Corts Valencianes.

Uno de los portavoces de la iniciativa, Jorge Alzamora, ha relatado a Efe que el objetivo es que la Generalitat salde la deuda de unos 15 millones de euros que mantiene con los centros, y también que se modifique el nuevo modelo previsto para 2013.

Ha señalado que este nuevo sistema supone un recorte de otros 15 millones, lo que afectará al servicio y al empleo, y que, entre otros aspectos, eliminará los conciertos actuales.

De esta manera, el dinero se pasará a abonar mediante subvenciones, lo que en la práctica supondrá un retraso de los pagos a los centros y que éstos no puedan pedir créditos a los bancos en las mismas condiciones que ahora.

Actualmente, unas 200 entidades se dedican en el conjunto de la Comunitat Valenciana a los discapacitados y enfermos mentales, con unos 6.000 trabajadores y una población usuaria estimada en 25.000 personas.

Según Alzamora, la deuda actual de 15 millones de euros corresponde a la Conselleria de Bienestar Social y Justicia, a la que hay que añadir otra cuantía tanto del SERVEF, por los cursos de formación que han hecho los centros, como de la Conselleria de Educación, ésta última a los colegios de educación especial.

La marcha también reclama la creación de una mesa negociadora representada por todas las partes (entidades titulares, trabajadores, usuarios, familiares y administración) para resolver el futuro del sector.