La ciudad de Elda amaneció ayer decorada con los carteles de un "estreno cinematográfico" muy particular. Y es que diseminados por distintos puntos de la ciudad aparecieron numerosos carteles que, imitando a los de un estreno de cine, presentaban como protagonistas, mediante un cuidado montaje fotográfico, al concejal y portavoz del equipo de gobierno popular, Francisco Muñoz, ataviado elegantemente cual James Bond, con esmoquin y pajarita, junto a una no menos elegante Adela Pedrosa. ¿La elección del título de la película? Mentiras arriesgadas. "Estreno en Elda", anunciaban los carteles, que aparecieron en fachadas, en colegios, dependencias municipales, como Idelsa, e incluso en el portal y la escalera donde reside el propio Muñoz. Agentes de la Policía Local se encargaron de retirar los carteles a lo largo de la mañana.

Daban cuenta también los carteles del coste de la "película": 500.000 euros, aludiendo de esta manera, aunque no de forma expresa, a la condena habida en el caso de los extrabajadores de la grúa. El reciente desenlace de este caso, tras conocerse la no admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo del recurso del Ayuntamiento de Elda, que ya ha informado por su parte de que acatará la condena del TSJ y que procederá en próximas fechas a indemnizar a los extrabajadores, ha vuelto a poner en el punto de mira al portavoz del PP, en su momento concejal de Seguridad Ciudadana.

Como se ha venido informando, el juez del TSJ se apoyó para condenar al Ayuntamiento en un documento firmado en su día por Muñoz en el que, además de acreditarse la recepción de material por parte de la empresa concesionaria Continental Parking con el cese del contrato, se contemplaba la subrogación de los contratos de los trabajadores. La no subrogación fue lo que motivó la denuncia de los trabajadores y dicho documento puso así directamente en la palestra a Muñoz, para quien la oposición ha pedido desde la dimisión a que asuma la responsabilidad patrimonial de la sentencia condenatoria que el pasado año emitió el TSJ y que ahora se acatará.

La condena obliga a o readmitir a los trabajadores o a pagarles la correspondiente indemnización y los salarios de tramitación que, en total, alcanzan los 500.000 euros. El Ayuntamiento ya confirmó la pasada semana que se indemnizará a los extrabajadores, aunque limitó el impacto de la condena a unos 170.000 euros, alegando que la mitad corresponde a la nueva contrata (Maxi) y parte de los salarios de tramitación al Fogasa.