Más de 40 personas trabajaban sin dar de alta en un sótano bajo llave de un taller vinculado al sector del calzado en Petrer y los funcionarios de la Inspección de Trabajo tuvieron que ordenar a los responsables del centro de trabajo que abrieran el candado de la puerta, según informó ayer el responsable comarcal de CC OO, Juan de Dios Brotons.

Cuando apenas acaban de hacerse públicos los resultados de las intervenciones de la Inspección de Trabajo del ejercicio 2011, que arrojaron un fraude fiscal de más de 34 millones de euros y más de 5.200 puestos de trabajo aflorados solo en la provincia de Alicante, las últimas actuaciones realizadas en la comarca han detectado en menos de un mes a más de 130 trabajadores en situación irregular. Más allá de lo que representa el fraude fiscal, las últimas inspecciones han puesto de manifiesto las condiciones infrahumanas en que en muchas ocasiones se realiza este empleo sumergido. Para Brotons, esta situación da una muy clara y lamentable idea "de las barbaridades a las que llegan quienes se llaman empresarios para eludir sus obligaciones".

Este volumen de más de 130 trabajadores sin dar de alta cobra si cabe más relevancia teniendo en cuenta que se concentraban en tres únicos centros de trabajo, todos ellos ubicados en Petrer y que, vinculados al sector del calzado, funcionaban directamente haciendo uso de mano de obra clandestina, según los datos aportados por CC OO. Dichas inspecciones se realizaron entre finales de mayo y la primera semana de junio. Además de la fábrica donde, en la calle Maestro Bartolomé de Petrer, se localizaron a los más de 40 trabajadores irregulares en el sótano, se inspeccionaron otros dos centros, ambos en la calle Colombia de Petrer, donde se detectaron más de 40 y 50 empleados clandestinos en cada uno de ellos.

El responsable comarcal de CC OO destacó asimismo la "picaresca" de los "llamados empresarios" para eludir a la Inspección de Trabajo, aludiendo a que en una de estas tres "fábricas" existía un sistema de avisador luminoso para alertar de una planta a otra de la posible llegada de inspectores o de la Policía para que los trabajadores se pudieran ocultar.

Para Juan de Dios Brotons, la única salida disuasoria para errradicar la lacra de la economía sumergida pasa no solo por endurecer las sanciones sino por la exigencia de responsabilidades penales a los "empresarios que no cumplan sus obligaciones". Para CC OO, las sanciones actuales son ineficaces mientras que la exigencia de la devolución del importe defraudado se "acaba quedando en nada", aludiendo a la "habitual práctica de hacer desaparecer la razón social de la empresa en la que se ha detectado el fraude para eludir las responsabilidades y luego volver a abrir".