Los menores de edad que sean sorprendidos por la Policía Local de Aspe bebiendo alcohol en la calle durante los llamados botellones serán obligados por el Ayuntamiento a realizar servicios en beneficio de la comunidad, tanto en Cruz Roja como en Protección Civil. Esta novedosa medida se pondrá en marcha a través de una ordenanza que pretende regular la venta y el consumo de alcohol en la vía pública y que, además, establecerá una estrategia común para combatir la ingesta de bebidas alcohólicas entre la población infantil y juvenil.

La nueva ordenanza, que será aprobada en pleno, también permitirá permutar las sanciones económicas por servicios en beneficio de la comunidad, tanto a través de servicios municipales directamente como a través de entidades sin ánimo de lucro. En este sentido cabe señalar que desde el Ayuntamiento se están realizando gestiones con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y la Asociación de Alcohólicos Anónimos para que los menores expedientados puedan conocer otras realidades sociales, y participen con estos colectivos o con cualquiera de las ONG que realizan importantes trabajos de carácter social o humanitario.

"Desde el equipo de gobierno -PSOE y EU- estamos haciendo un ejercicio por combatir comportamientos entre nuestros jóvenes que son peligrosos para su salud, pero que además tienen una serie de consecuencias negativas para la sociedad. Fenómenos como el botellón van inherentes al ruido, al vandalismo, a las molestias vecinales y a la suciedad", destacó ayer el edil de Seguridad, el socialista David Cerdán. Por eso la ordenanza también establece medidas para reducir la oferta de alcohol y el acceso al mismo de la población más joven regulando, al mismo tiempo, su comercialización y publicidad.

Medidas alternativas

David Cerdán considera que "en determinados casos poner un multa no soluciona nada, especialmente entre la población más joven. En estas situaciones estamos castigando a la familia que tiene que hacer frente a un pago sobrevenido. Debemos trabajar en sensibilizar y educar, por eso proponemos que estos jóvenes hagan un trabajo de interés social, útil a la comunidad hasta que den por satisfecha la multa impuesta".

El único coste que supondría la medida para el Ayuntamiento sería el pago del seguro para cubrir al menor mientras preste servicio en Cruz Roja o Protección Civil.