El portavoz del Bloc Progressista de Monóvar, José Ginés, ha denunciado a este diario "la existencia, en algún cajón del Ayuntamiento, de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) que condena al Ayuntamiento de Monóvar al pago de 4.030.000 euros a la mercantil Aqualia, la antigua concesionaria de la construcción y explotación de la piscina cubierta municipal, a la que el grupo de gobierno le rescindió el contrato de explotación".
Ginés Rico, además, ha denunciado que "esta sentencia hace días que ha llegado a la Casa Consistorial y algún responsable -funcionario o político- se la ha guardado en un cajón, sin pasar previamente por el registro general de documentos del ayuntamiento monovero, como es normal que suceda con todo documento dirigido al Ayuntamiento".
El portavoz del grupo socialista municipal, Paco Picó, confirmó ayer a INFORMACIÓN, la existencia de esta sentencia que "permanece escondida, tanto a la oposición como a la opinión pública y, en definitiva, a todos los monoveros y monoveras".
El edil socialista ha señalado que "la intención del actual grupo de gobierno -que integran Partido Popular y GIMV- es recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo de Madrid, con el objetivo de ganar tiempo y poder desafectar algunas propiedades municipales para que puedan ser embargables, ante la falta de liquidez para poder hacer frente a esta cuantiosa indemnización de más de cuatro millones de euros".
A perro flaco todos son pulgas. Con esta expresión tan popular se puede calificar la actual situación económica por la que atraviesan las arcas municipales del Ayuntamiento de Monóvar.
