Un informe emitido por el secretario-interventor del Ayuntamiento de La Romana en mayo de 2011 advierte de que se ha incumplido la estabilidad presupuestaria del ejercicio 2010 al situarse el déficit municipal en un saldo negativo de 205.555 euros, lo que supone un incremento del 27,9% en una población de 2.400 habitantes y un presupuesto de algo más de 1,5 millones de euros.
La liquidación del presupuesto municipal de 2010, elaborado y aprobado por el equipo de gobierno popular, refleja que la capacidad del Consistorio para generar recursos ordinarios ha sido insuficiente para satisfacer todos los gastos contraídos. Una circunstancia que obligará al Ayuntamiento a presentar un Plan Económico-Financiero para lograr el equilibrio presupuestario abocándolo a una intervención por parte del Ministerio de Economía y Hacienda y la Generalitat Valenciana, una tutela financiera que, de producirse finalmente, se prolongará durante tres años.
Este hecho ya fue advertido hace unos meses por EU al analizar la crítica situación económica y presupuestaria de las arcas municipales y culpar de ello al PP «por su incompetencia». Pero el portavoz de EU, Bernabé Aldeguer, fue anoche más allá al señalar que «el verdadero motivo del incumplimiento del alcalde –el popular Manuel Hernández– en los plazos para liquidar y presentar ante el pleno la Cuenta General de 2010 se debe, precisamente, a la intención de posponer durante el mayor tiempo posible la intervención del Ayuntamiento de La Romana, que ahora ya es un hecho real y podemos afirmar que se va a producir de forma inminente». A juicio del concejal de izquierdas, se trata de una situación límite, «con una gestión presupuestaria cargada de irregularidades e incumplimientos sistemáticos de la Ley, y cuyo contenido queda representado por una crisis económica que dirige al Ayuntamiento hacia la quiebra, y que es fruto de un PP que apostó por la especulación inmobiliaria prometiendo riquezas, y que lo único que ha traído es déficit y ausencia de alternativas de desarrollo industrial, de empleo y de promoción turística y agrícola».
Por su parte el alcalde de La Romana ha admitido que el desfase presupuestario registrado en 2010 supera con creces el límite legal, pero lo ha atribuido a la falta de transferencias procedentes fundamentalmente de la Generalitat Valenciana, y más concretamente del Plan Confianza de Francisco Camps del que aún se adeudan al municipio más de 200.000 euros por la ejecución de varias obras. En cualquier caso Manuel Hernández confía en que finalmente no se produzca la intervención del Ministerio de Hacienda y la Generalitat. «Con el paquete de medidas que vamos a introducir a través de la subida de algunos impuestos, el incremento de algunos ingresos y la reducción del gasto municipal creemos que no va a ser necesario elaborar el plan de saneamiento económico que llevaría implícito el control financiero por parte del Gobierno central y autonómico. «Pero –puntualiza– si al liquidar el ejercicio de 2011no logramos alcanzar el equilibrio presupuestario que perseguimos entonces sí que nos veremos obligados a aplicar un Plan Económico-Financiero». Respecto al retraso en la presentación de la Cuenta General de 2010 el primer edil ha asegurado que hasta el día de hoy se encuentra en exposición pública y será presentada en un pleno extraordinario que se convocará en breves días.
No obstante le ha pedido al edil de EU «que no sea tan alarmista ni vea tantas conspiraciones políticas por todos lados» porque el Tribunal de Cuentas ya tiene la documentación en su poder para que pueda auditarla. «Además, ¿qué ayuntamiento no está atravesando graves problemas por la crisis y va a poder cumplir todas sus previsiones económicas?», se preguntaba anoche Manuel Hernández.
LOS EFECTOS DE LA CRISIS
La FVMP advierte de que 80 municipios podrían estar en quiebra en 2012
La presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Elena Bastidas, ha advertido de que unos 80 ayuntamientos de la Comunidad «podrían estar este año en quiebra» ya que la mala situación económica ha puesto a los consistorios «en una situación desoladora». Así lo ha indicado en una entrevista en la radio autonómica. La también alcaldesa de Alzira ha pedido la creación de una ley de Gobierno Local «que pueda clarificar las competencias de los diferentes niveles de la Administración, porque se podría ahorrar mucho». Según Elena Bastidas, en estos momentos el 30% de los recursos de los ayuntamientos van destinados a solucionar competencias que no son propias de los consistorios. Paralelamente, también ha pedido con «carácter urgente» una reforma del sistema de financiación local «porque está prácticamente intacto desde la Constitución del 78, y un cambio en este punto nos permitiría poder cumplir los compromisos con muchos de los proveedores». EP
