El Partido Socialista de Petrer pidió ayer que se reactive cuanto antes la Comisión del Casco Antiguo para poner en marcha las recomendaciones del informe de la Universidad de Alicante sobre el derrumbe de las casas-cueva, y evitar así que se cometan los mismos errores. El PSOE afirma que dicho órgano, que existía previamente, ha sido "olvidado por el PP" y que la comisión debería abierta a la participación de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo y a los vecinos afectados para establecer una hoja de ruta en la aplicación de las medidas contenidas en el informe.

Uno de los principales objetivos de la comisión, según el PSOE, debe ser la transparencia en todo el proceso. Precisamente ayer, el portavoz adjunto, Fernando Portillo, acusaba a los populares de todo lo contrario. Según Portillo, además de haber manejado con opacidad las conclusiones del informe, el PP "ha mentido" al obviar que en dicho informe sí se apunta a las zanjas abiertas durante las obras del Casco Antiguo contribuyeron a las filtraciones de agua que, finalmente, provocaron los derrumbes de 2010.

Tarde

La tardanza de la oposición en detectar dicha incongruencia en las declaraciones del PP tiene justificación, según aclaró ayer Portillo. El edil socialista aseguró ayer que la oposición no recibió copia del informe hasta el pasado 23 de diciembre -después de solicitarlo repetidamente-, siendo que el equipo de gobierno lo poseía desde hacía semanas y ya había hecho sus propias valoraciones. Para Portillo este atraso "fue intencionado", que el PP no facilitó toda la información hasta que muchos vecinos ya habían firmado los acuerdos con el Ayuntamiento desconociendo los resultados del informe.

Responsabilidad

Las declaraciones realizadas ayer por el PSOE contrastan con las manifestaciones públicas del gobierno popular, que en el mes de octubre afirmaba que el informe de la universidad eximía de cualquier responsabilidad a las obras realizadas en el Casco Antiguo entre 2009 y 2010, como siempre han mantenido los vecinos. Los derrumbes por las filtraciones comenzaron en 2010 y culminaron con el desalojo de varias familias, las cuales obtuvieron permiso para volver a sus viviendas el pasado mes de octubre.