La espiral de impagos en que se encuentra sumida la administración pública sigue creciendo. En este caso poniendo en riesgo la percepción de unas ayudas sociales concebidas de emergencia (renta garantizada de ciudadanía) que gestiona el propio Ayuntamiento de Elda, a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales, pero cuya cobertura compete a la Generalitat Valenciana.

Concretamente, la Conselleria de Bienestar Social adeuda al organismo municipal de Servicios Sociales los cerca de 500.000 euros comprometidos al efecto para este ejercicio que está a punto de expirar, según advirtió ayer el grupo municipal socialista. Se trata de un importe derivado del gasto que representan estas ayudas, reservadas para las familias sin ingresos y prácticamente en situación límite, y cuyo impago deja en una situación como poco incierta esta cobertura social.

Consecuencia del impago, y a las alturas que ya estamos del ejercicio, el Ayuntamiento, cuyas arcas municipales precisamente no están para rescates, se ha visto obligado a aprobar un "anticipo" al Instituto Municipal de Servicios Sociales al objeto de cubrir la deuda de la Conselleria. Dicho anticipo se efectuaría en dos pagos de 240.000 euros cada uno, uno este mismo mes y otro en diciembre, tal y como se aprobó días atrás en junta municipal de gobierno, según explicó la concejal socialista Daniela Russo.

Pese a la aprobación de dicho acuerdo para anticipar lo que debe la Conselleria, lo cierto es que la crítica situación que afronta el propio Ayuntamiento ofrece dudas razonables sobre cómo afrontará el pago de estos casi 500.000 euros, ya que en todo caso debería acometer una modificación de crédito y desviar dinero de otros gastos.

Una prestación social que va a la deriva

Concebida como una ayuda social de emergencia, cuyos beneficiarios deben acreditar la ausencia de unos ingresos mínimos en el conjunto del hogar y encontrarse en una situación límite, la denominada renta garantizada de ciudadanía de la Generalitar ha terminado por convertirse en un trámite repleto de complicaciones que, por su poca agilidad, definitivamente no cumple con su función de "urgencia", según advierte el sindicato CC OO. "Estamos hablando de una ayuda que debe llegar a quienes, por circunstancias, prácticamente no tienen ni para comprar el pan, pero lejos de constituir una ayuda de emergencia apenas si es una ayuda, ante los incumplimientos de la Conselleria", destacan fuentes de CC OO, que añaden que con un plazo máximo de 90 días la ayuda está llegando con entre uno y dos años.