El alcalde de Villena, Javier Esquembre, negó ayer la existencia de una crisis dentro del gobierno de coalición -Verdes, PSOE y VCD- tras la acusación contra el edil de Obras de VCD (Villena Centro Democrático), Juan Richart por un presunto delito de prevaricación. Un auto ya ha anunciado la apertura de juicio contra el concejal.

Esquembre aseguró que "no voy a cesar, ni le he pedido la dimisión al edil de Obras". "No creo que lo deba cesar, ni lo voy a condenar hasta que la justicia no emita una decisión sobre el caso", señaló el alcalde Verde.

El alcalde indicó que el anterior equipo de gobierno del Partido Popular inició los trámites para regularizar la infracción urbanística -realizar una obra sin licenciadel chalé de la mujer de Juan Richart. "Incluso hay cartas de responsables del gobierno popular ofreciendo información ante Consellería de Agricultura para regularizar la situación", aseguró Javier Esquembre.

En este asunto, afirmó que existen informes "ambiguos" de los arquitectos. Un informe, antes de la ruptura del Partido Popular, que dice que la situación del chalé se puede regularizar tramitando un expediente y otro, "con el inicio del trámite penal, afirmando que no es legalizable". Por lo que para el alcalde de Villena en este caso "hay algo más que un uso irregular de la firma de un concejal".

El hecho de que el tema haya entrado en la jurisdicción penal, en lugar de mantenerse en la civil, ha causado sorpresa a los miembros de la coalición de gobierno y en especial al alcalde, quien sigue manteniendo que este traspaso se debe a las disputas internas del PP en la anterior legislatura. Hay que recordar que Richart formaba parte del PP antes de su escisión y que formaba parte del gobierno popular. De hecho, el alcalde explicó que durante dos años nadie del Partido Popular consideró que el expediente de infracción urbanística fuera "grave ni delito".

Javier Esquembre afirmó que en la infracción urbanística hay una responsabilidad civil pero no penal ya que "el resultado del presunto delito -de lo que acusan a Richart es de firmar para dejar en suspenso el expediente- no era intentar evitar la sanción de la infracción urbanística". "Ello no logra el fin último del delito de prevaricación, que es hacer algo en beneficio propio", consideró el primer edil.