Monóvar

Una sentencia ordena la demolición del chalé ilegal de un exconcejal del PP

La juez considera que la vivienda de Isidro Tendero vulnera las distancias mínimas exigibles respecto al camino y la finca colindante

 10:19  
La casa de campo en la que el exconcejal vive con su mujer en una imagen tomada ayer.
La casa de campo en la que el exconcejal vive con su mujer en una imagen tomada ayer.  CRUCES-ERNES

PÉREZ GIL Una sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante obliga a demoler el chalé propiedad de la esposa de Isidro Tendero, concejal de Obras y Servicios en la anterior legislatura, "hombre fuerte" del PP monovero y actual cargo de confianza de la Alcaldía.
La sentencia constata la existencia de una infracción urbanística en la partida rural de La Rejuela, al no guardar la casa de campo la distancia mínima exigida por la ley respecto a un camino de uso público que corre paralelo a la misma, y también por vulnerar la colindancia exigible respecto a otra parcela rústica con la que linda la finca en la que el exconcejal pasa largas temporadas del año junto a su mujer.
La denuncia fue interpuesta en 2008 por el Partido Socialista de Monóvar y la Justicia le ha terminado dando la razón aunque la sentencia todavía no es firme. Contra la misma el exconcejal del PP podría presentar un recurso en los próximos días ante el TSJ. Un extremo que aunque no fue confirmado ayer tarde por Isidro Tendero al encontrarse en un funeral, es más que probable que se lleve a efecto dado que, en este asunto y según las fuentes consultadas, su defensa jurídica siempre ha mantenido que el camino objeto de la controversia se encuentra dentro de su propiedad, por lo tanto la construcción del chalé no debería guardar los 15 metros de separación a los que obliga la normativa urbanística vigente.
Además, en el supuesto de que el exedil decida no recurrir sería el PSOE el que debería solicitar al Juzgado competente la ejecución de la sentencia y, en tal caso, sería el Ayuntamiento gobernado por la coalición del Grupo Independiente Monovero (Gimv) y el Partido Popular el que tendría que hacerse cargo de echar abajo la vivienda para restablecer la legalidad vulnerada. Una complicada situación tanto jurídica como política.

Denuncia en 2008
Los hechos que han dado lugar a esta resolución judicial, y que ya fueron adelantados por este diario en 2008, se sucedieron según denunció en su día el PSOE cuando en la parcela del concejal Isidro Tendero se realizaron unas "obras ilegales" consistentes en la ejecución de una nueva vivienda en suelo no urbanizable, "incumpliendo así el Plan General respecto a la parcela mínima dado que no llegaba a los 10.000 metros cuadrados, la distancia a linderos y la distancia a caminos, como se apuntó en un informe técnico municipal de 23 de junio de 2008". Un informe que parece haber sido determinante en la decisión judicial aunque el único grupo de la oposición ya pidió en junio de 2008 el derribo de la polémica construcción. Y lo hizo después de que Tendero solicitara, a nombre de su esposa, una licencia de obras para realizar una pequeña reforma interior de la entonces modesta casa de campo. Pero terminó construyéndose un hermoso chalé sin modificar el proyecto inicial y sin ajustarse, por tanto, a la licencia concedida por el equipo de gobierno del PP, Gimv y Bloc del que entonces formaba parte.

Segundo revés en cuatro meses
Es la segunda vez en cuatro meses que el Juzgado de lo Contencioso de Alicante da la razón al grupo socialista en el litigio que mantiene desde hace tres años con el exconcejal del Partido Popular en relación a la ya tristemente famosa casa de campo. En mayo la juez anuló la licencia municipal de obras del chalé de la esposa de Isidro Tendero. El PSOE recurrió la concesión de la licencia con la que el edil pretendía agrupar dos fincas que le permitieran llegar a los 10.000 metros cuadrados de terreno para poder legalizar la construcción de esta vivienda en suelo rústico. Sin embargo, contra esta decisión del Ayuntamiento la Justicia también estimó el recurso presentado por el portavoz socialista, Paco Picó, anulando la licencia de agrupación de fincas. La sentencia estableció, respecto a la licencia de segregación y agrupación de ambos terrenos, que "siendo un acto de naturaleza reglada y no reuniendo los requisitos para su concesión, debió ser denegada".

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