El portavoz del grupo municipal socialista de Elda, Rubén Alfaro, anunció ayer la próxima presentación de una moción para modificar el Reglemento Orgánico del Ayuntamiento "y que los grupos políticos tengan unos mínimos recursos para poder desarrollar el trabajo que que nos han encomendado los ciudadanos".

En ese sentido, apuntó que la propuesta es para que haya equidad en la distribución de recursos en proporción a los resultados electorales y manteniendo las posibilidades tanto a gobierno como oposición. "Actualmente el PP mantiene 25 nóminas en el Ayuntamiento y la oposición 0", recordó el portavoz socialista.

Alfaro añadió que la propuesta también representará ahorro para las cuentas públicas y garantizará, mediante la inclusión de un nuevo articulado en el Reglamento, "que en el futuro no se pueda producir este secuestro de la democracia que ahora mismo ocurre en Elda".

Por su parte el coordinador del comité electoral del PSPV-PSOE, Ximo Puig, anunció ayer en Elda que los socialistas valencianos van a proponer que la nueva Ley de Gobiernos Locales limite los sueldos de cargos públicos locales, tanto de alcaldes como concejales y, al mismo tiempo, que "controle el máximo de asesores en los entes municipales". Además, los socialistas también plantearán la creación de un Estatuto de la Oposición que "permita reforzar la democracia". Puig denunció la situación de "marginación" que sufre la oposición en Elda y afirmó que "no se puede tolerar este tipo de excesos económicos y antidemocráticos, ya que, mientras la alcaldesa cobra, entre sus distintos sueldos públicos, más que el presidente del gobierno; se dedica a inhabilitar a la oposición para fiscalizar su gestión al frente del Ayuntamiento".

Sin secretarios y con menos recursos

La situación denunciada por los socialistas no afecta únicamente a su grupo sino a todos los partidos de la oposición. En la actualidad, ninguno de los concejales de los grupos de la oposición municipal -PSOE, EU y UPyD- cuenta con dedicación exclusiva, una situación que ocurre por primera vez en la historia y que las agrupaciones políticas afectadas entienden como un intento por parte de la alcaldesa de mermar su derecho a fiscalizar la gestión del equipo de gobierno popular. Asimismo, los grupos municipales se han quedado sin secretario y se ha acometido un recorte sobre las asignaciones municipales.