La indignación vecinal en el casco antiguo de Villena, en el barrio del Rabal, es más que patente. El propietario de una vivienda, tras necesitar dos años y medio de trámites judiciales para expulsar de su casa a unos "okupas", comprobó como a la semana de procederse a la expulsión, volvieron a romper la puerta y de nuevo están en la vivienda sin que la juez de guardia haya permitido que sean desalojados. Los vecinos califican la situación de "pasividad judicial".
La historia comienza, según cuentan representantes de la asociación de vecinos y quienes viven en la calle La Rambla y alrededores, hace ocho años cuando una familia, especialmente conflictiva, llega a Villena tras ser "expulsada" de varias poblaciones. Se afincaron de forma ilegal en una vivienda cercana al castillo y, tras varios años, el Instituto Valenciano de la Vivienda les concedió un piso en el Barrio San Francisco. Un año después, ante la enemistad creciente con vecinos de dicho barrio, abandonaron la vivienda y se instalaron en el casco histórico, tras "pegar una patada" a la puerta de una vivienda. El propietario interpuso la pertinente denuncia y la Justicia ha tardado dos años y medio en tramitar y hacer efectiva la orden de desalojo, avisando a la familia con 8 meses de antelación. Durante este tiempo, varias familias que vivían en los alrededores se han tenido que marchar a otro lugar "porque les hacían la vida imposible". Incluso realizaron un butrón para entrar en la vivienda de la vecina, que había tenido que abandonar su casa al no poder aguantar la situación.
El 1 de junio se hizo efectivo el desalojo por orden judicial. El propietario tapió puertas y ventanas y la Policía vigiló la zona, pero sólo una semana después derribaron el tabique para volver a ocupar la casa. Acudió la Policía Local y la Guardia Civil pero la juez de guardia no dio permiso para el desalojo.
