Juan Carlos Mansilla es un vecino de Villena que no sale de su asombro. En los primeros días del presente mes de noviembre recibió una factura de la empresa Movistar por importe de 17.405,89 euros en concepto de consumo de dos líneas telefónicas. Lo insólito es que este vecino no tiene contrato alguno con esta operadora. Con lo que cualquiera se puede imaginar la "sorpresa" que se llevó.

En la factura figura su nombre, dirección y DNI, con la dirección de pago de una oficina bancaria de las Islas Baleares, totalmente desconocida para él, según asegura sin esconder su indignación.

La cantidad "supuestamente" gastada por este vecino villenero había sido consumida en solo dos días con llamadas a la isla de Jamaica. Además, la factura recogía incongruencias como el hecho de que a las 11,18 horas se le facturan 9 minutos de conversación, y a las 11,19 horas otros 11 minutos más de consumo telefónico.

Tras comprobar que se había atentado contra sus datos personales y le estaban causando un grave perjuicio, Juan Carlos Mansilla acudió a la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que procedió a reclamar a la compañía Movistar, sin que, tras dos semanas transcurridas ya, hayan contestado.

En un primer momento, Juan Carlos Mansilla se puso en contacto con Movistar, y la propia compañía le confirmó que había sido objeto de una estafa, pero días después le llegó el aviso de que tenía que abonar el importe de la factura. El estado de nerviosismo y enfado es patente, porque además teme que puedan ser aportados sus datos a algún registro de morosos, con los inconvenientes que ello le podría acarrear a la pequeña empresa familiar en la que trabaja. A lo que habría que sumar la rabia de verse envuelto en una situación tan surrealista como incómoda y preocupante.

Desde la OMIC de Villena se ha comunicado a la compañía Movistar la desaprobación al trato que está recibiendo el vecino denunciante, solicitando que en un plazo no superior a 24 horas se contacte directamente con él, y le remitan escrito disculpándose y dejando constancia de que ha sido objeto de un fraude, quedando anulada la supesta deuda cuyo pago le han exigido.