Las asociaciones que defienden la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana llevan mucho tiempo expresando sus quejas ante el Gobierno autonómico por el excesivo retraso que se viene produciendo en la tramitación de las solicitudes de ayuda para las personas dependientes. El caso ocurrido en Aspe es mucho más que un ejemplo dado que la primera comunicación oficial por parte de la Conselleria de Bienestar Social ha llegado a los tres añ0s y cuatro meses de haberse cumplimentado la solicitud y de haber fallecido el enfermo.

El aspense Mariano Martínez Giménez tenía 53 años cuando le diagnosticaron un tumor cerebral. Fue el 14 de mayo de 2007 y a su esposa Nieves Sánchez, que ahora tiene 55 años, le aconsejó el psiquiatra que llevaba la historia clínica de su esposo que formalizara la instancia para poder optar a una de las prestaciones que ofrece el Sistema para la Atención a la Dependencia de la Generalitat Valenciana. Ella lo hizo tal y como le aconsejó el especialista y la documentación la cumplimentó una técnico a la semana siguiente. La enfermedad fue sin embargo galopante y Mariano Martínez fue perdiendo todas sus facultades físicas y mentales de forma irreversible hasta que falleció a finales de junio de 2007. Justo a los 42 días de serle diagnosticado el tumor.

Nadie de su familia recordaba ya la petición de ayuda elevada a la Administración valenciana para personas clasificadas como grandes dependientes cuando el pasado 29 de octubre de 2010 la viuda recibió en su vivienda una carta certificada de la Conselleria de Bienestar Social. La sorpresa fue "tremenda", tal y como ella comentaba ayer a este diario, cuando abrió el sobre y leyó el escrito. En el mismo la jefa de Área de Coordinación de la Conselleria de Bienestar Social le requería para que, en un plazo máximo de diez días, aportara una serie de datos y documentos con los que poder tramitar el expediente. Entre ellos una instancia general, la firma del solicitante, la declaración de guardador de hecho y las fotocopias compulsadas del DNI del solicitante y del representante legal o guardador. Lo más curioso es que la carta fue registrada de forma oficial para darle salida el 27 de diciembre de 2007. Así figura en el sello de la Generalitat Valenciana impreso en la misma con el número 49.115.

Las razones por las que la misiva no fue enviada en aquel momento a Nieves Sánchez tal y como aparentemente estaba previsto, y los motivos por los que llega ahora con tres años y medio de retraso a su domicilio de Aspe son todo un misterio. "Ha pasado tanto tiempo que ni siquiera tengo fuerzas para indignarme -reconoce la afectada- pero lo considero una poca vergüenza por parte de las personas que se encargan de tramitar estas ayudas y también de sus responsables por haberlo permitido". Nieves cree que la carta ha estado "durmiendo" más de tres años en un cajón de la Conselleria.

"Si efectivamente es así alguien debería de responder por un olvido tan lamentable porque, en este caso, además de un retraso inmoral se ha producido una absoluta falta de delicadeza hacia los familiares del fallecido, y también se ha incumplido lo que la propia Ley establece respecto a la coordinación sociosanitaria que debe existir en la Administración valenciana para contrastar las bases de datos y que estas situaciones no se produzcan nunca", subraya Mari Cruz Gallego, portavoz de la Plataforma de la Ley de Dependencia de Aspe, Hondón de las Nieves y La Romana.