Pese a que los últimos datos sobre el desempleo y la contratación en la comarca van arrojando una cierta esperanza en el contexto de la galopante crisis económica, lo cierto es que la incertidumbre sigue planeando sobre cientos y cientos de trabajadores, que cada día temen enfrentarse a la posibilidad de quedarse sin su puesto de trabajo o de verse afectados por una regulación de empleo. El paro lleva dos meses consecutivos sin crecer en la comarca y el sector industrial es el que está mostrando en este periodo un mejor comportamiento. Se trata, sin duda, de una buena noticia en el todavía negro panorama, pero con todo siguen siendo más de 30.500 los trabajadores del Alto y Medio Vinalopó que permanecen inscritos en las listas del desempleo.

Otro tanto se puede decir de la regulación de empleo. Pese a que la cifra de expedientes realizados en esta primera mitad de año es sensiblemente inferior a la del ejercicio anterior, siguen contándose por cientos los trabajadores de la comarca que continúan viéndose afectados por las regulaciones laborales acometidas por sus empresas, ya sea directamente de extinción de contrato, de suspensión temporal o, en el mejor de los casos, de reducción de jornada.

En lo que va de año, entre los meses de enero y mayo, se presentaron en la comarca un total de 72 expedientes de regulación de empleo (ERE), que afectaron a 575 trabajadores. Una cifra que arroja una media de hasta cuatro trabajadores afectados al día. Así lo reflejan los datos facilitados por el sindicato CC OO, que evidencian asimismo que el Alto y Medio Vinalopó copa uno de cada cinco expedientes de regulación de empleo que se presentan en el conjunto de la provincia de Alicante. Concretamente, en los primeros cinco meses del año en la provincia se realizaron un total de 367 ERE, de los que 72 se localizaron en distintas poblaciones del Alto y Medio Vinalopó.

Modalidades

Siempre justificados en causas vinculadas a la producción, de los 72 ERE presentados en la comarca entre los meses de enero y mayo hasta 60 fueron de suspensión temporal de contratos, mientras que tres fueron directamente de extinción de las relaciones laborales (con 51 trabajadores afectados) y ocho de reducción de jornada y, con ello, de la nómina.