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Monóvar

Un juez admite a trámite la querella por calumnias de Ginés contra el socialista Picó

Los concejales implicados tendrán que declarar en Novelda entre los meses de septiembre y octubre

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Imagen de archivo de un pleno de la corporación enfrentada de Monóvar.
Imagen de archivo de un pleno de la corporación enfrentada de Monóvar.  jesús cruces

rafa jover
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Novelda ha admitido a tramite la querella presentada por los concejales José Ginés, del Bloc Progressista, e Isidro Tendero, del PP de Monóvar, contra el portavoz del grupo socialista municipal Francisco Picó por un posible delito de calumnia con publicidad al manifestar públicamente que ambos estaban "engañando y robando".
En un auto de fecha 24 de junio el magistrado admite a tramite la querella e incoa diligencias previas para la averiguación de los hechos denunciados. De esta manera también se ordena la comparecencia de los tres políticos implicados. Los denunciantes, José Ginés e Isidro Tendero, acudirán a Novelda para declarar el día 16 de septiembre, mientras que Francisco Picó deberá hacer lo propio el día 13 de octubre.

Sin acuerdo
Los motivos que han llevado a los dos ediles del grupo de gobierno a querellarse contra el edil socialista se fundamentan en unas declaraciones realizadas por Picó en los medios de comunicación municipales el pasado mes de febrero. En su manifestación pública tachaba al gobierno de municipal "de estar engañando y robando al pueblo de Monóvar".
Poco después, Picó ratificaba sus declaraciones ante el juez de paz de la localidad, en un acto de conciliación que se celebró el 30 de marzo sin que se llegase a avenencia entre las partes.
Como resultado de esta última intentona, Ginés y Tendero resolvieron presentar una querella contra el portavoz de los socialistas monoveros. En el escrito del letrado de los querellantes se recoge, como calificación de los hechos, como "constitutivos de un delito de calumnia con publicidad", y según la legislación vigente se solicita "un castigo con pena de prisión de un año y medio, además de una indemnización para los querellantes de 60.000 euros".

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