La sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que ha dado la razón a Sepes declarando nulo el plan parcial del polígono de Walaig en Monforte del Cid y, por ende, la adjudicación de las obras de urbanización podría afectar a las 50 empresas que ya han adquirido terrenos en esta zona industrial si la Entidad Estatal de Suelo pide la ejecución inmediata de la sentencia.
Esta nueva área empresarial de 1,5 millones de metros cuadrados, una de la más grandes de cuantas se están construyendo actualmente en la provincia, está ejecutada en un 60% y el objetivo del Ayuntamiento era poder inaugurarla antes del segundo trimestre de 2011. Sin embargo, si Sepes solicita al tribunal la aplicación del fallo judicial, extremo que ha sido anunciado pero no confirmado por su director general Félix Arias, las obras de urbanización podrían detenerse hasta que se subsanen todas las irregularidades en las que ha incurrido el equipo de gobierno del PP y que han dado lugar a la sentencia del TSJ. Un fallo judicial que responsabiliza al Consistorio monfortino de haber vulnerado los principios de publicidad y concurrencia de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Para ajustarse por tanto a la ley habría que repetir todo el proceso de adjudicación y publicación en el BOE. Una tramitación que podría prolongarse varios meses. Demasiado tiempo para algunas de las mercantiles que han comprado terrenos en la zona con la imperiosa necesidad de expandir sus negocios.
Las fuentes consultadas por este diario señalaban ayer que la empresa adjudicataria de la actuación, Intersa Levante, ha formalizado hasta el momento la venta de 269.000 metros cuadrados de parcelas a 60 euros el metro. Un precio que la alcaldesa Antonia Cervera decidió tasar para evitar especulaciones. En virtud de estos datos la inversión afectada supera ligeramente los 16 millones de euros. Una cantidad a la que habría que añadir los 24,3 millones de euros por los que el Ayuntamiento adjudicó las obras a Intersa Levante.
La firma Transportes Azkar es una de las más perjudicadas después de que en febrero anunciara su intención de instalar su centro logístico provincial en una manzana de 51.000 metros cuadrados adquiridos en el polígono de Walaig.
El equipo de gobierno popular no quiso pronunciarse ayer sobre las consecuencias del litigio pero la alcaldesa sí que indicó el martes que no iba a permitir que se pusiera en riesgo el futuro económico de la comarca. Precisamente para evitarlo Félix Arias está dispuesto a abrir un proceso negociador con el Ayuntamiento. De este modo muestra su buena predisposición a alcanzar un acuerdo que garantice el desarrollo del polígono de Walaig y no retrase su puesta en funcionamiento en exceso con el objetivo de facilitar la creación de empleo y crecimiento del Vinalopó. Además, según ha recordado la dirección de Sepes nunca se hubiera llegado a esta situación si en 2004 el Ayuntamiento no hubiera ignorado los acuerdos existentes convocando un concurso para la ejecución de la obra e iniciando, unilateralmente, un proceso urbanístico que la Justicia ha declarado ilegal hasta en tres ocasiones.
