P. GUZMÁN
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El Partido Popular de Elda salió ayer al paso de las declaraciones del grupo municipal socialista sobre que la alcaldesa de Elda, Adela Pedrosa, debería haber tomado medidas "antes" respecto a la no continuidad del ya ex concejal Ricardo Monzó en el equipo de gobierno del Ayuntamiento eldense. El PP recriminó así a los socialistas que clamaran por la dimisión o destitución de Monzó, por el proceso judicial al que se enfrenta, cuando en las filas del PSOE "tienen a un ex alcalde y actualmente senador en Madrid, Juan Pascual Azorín, que sigue en activo con nueve causas judiciales pendientes, que están siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción".
Los populares instaron a los socialistas a tomar ejemplo de la dimisión de Monzó y a demostrar, con ello, que para el PSOE "no prima, como parece, el cargo sobre la honorabilidad del partido". El PP eldense hizo referencia en este sentido a las reiteradas ocasiones en que los socialistas han solicitado en los dos últimos años la dimisión de Ricardo Monzó, por el caso Cabalgata, apelando a la aplicación por parte de la alcaldesa del código de buenas prácticas acordado por el PP a nivel nacional. "El PP de Elda ha demostrado, una vez más, que abandera las buenas prácticas, pero nos preguntamos si estas consignas éticas son igualmente exigibles a los socialistas, que por el contrario parecen actuar en base a un manual de cinismo e hipocresía", afirmaron fuentes del partido.
"El PSOE no es nadie para exigir nada al PP en cuestión de buenas prácticas, como una vez más ha quedado demostrado con la dimisión de Ricardo Monzó que, con su renuncia como concejal, ha querido desvincular al partido del procedimiento judicial al que se enfrenta", añadió el PP.
El proceso judicial por el caso Cabalgata
El ya ex concejal Ricardo Monzó presentó este jueves su dimisión como edil del equipo de gobierno del Ayuntamiento eldense para desvincular al PP del procedimiento judicial al que se enfrenta por su implicación en el denominado caso Cabalgata. El fiscal pide para Monzó, que deberá ir a juicio oral tras agotar ante la Audiencia Provincial su último recurso, siete años de prisión y ocho de inhabilitación de cargo público por los presuntos delitos de malversación de fondos, estafa y falsedad documental.