RAFA JOVER / J. A.
El alcalde de Monóvar, Salvador Poveda, ha iniciado un expediente disciplinario contra el jefe de la Policía Local del municipio por, presuntamente, no justificar el dinero procedente de la tasa de arrastre de grúas. Dicho expediente, cuya investigación continúa en la actualidad, ha posicionado a gran parte de funcionarios del Ayuntamiento en contra del mismo, ya que consideran que la decisión de Poveda es fruto de "una revancha y un ajuste de cuentas" de algunos funcionarios y políticos municipales hacia el Jefe de la Policía Local, algo que Poveda rechazó ayer de manera categórica, calificando las acusaciones de "absoluta mentira", y argumentando que lo único que ha hecho es "cumplir su función como alcalde".
Los hechos que determinan la apertura del expediente hacen referencia a presuntos "ingresos por la tasa de arrastre de grúas cobrados por agentes de la Policía Local y que no se han visto reflejados en las cuentas". Esta situación, según fuentes municipales, no solo afecta a los agentes policiales y a su máximo responsable sino también al máximo responsable de los servicios económicos municipales, es decir a los interventores municipales del período investigado, y al oficial policial que sustituía al titular en vacaciones y que han quedado, por el momento, al margen del expediente, pese a que Poveda aseguró ayer que "están incluidas más personas, no sólo el Jefe de la Policía Local".
En un escrito dirigido hacia el alcalde, la Junta de Personal y el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Monóvar, donde están representados todos los sindicatos, solicitan "que la infracción que ha originado dicho expediente siga el mismo procedimiento que se ha llevado a cabo con la infracción de ingresos/anulaciones. Es decir, que se denuncie a Fiscalía", un hecho que, según Poveda, ya se ha producido. "Se denunció a la Fiscalía antes de abrir el expediente. Ellos llevan su propio procedimiento, y nosotros continuamos con el nuestro". Los miembros de la plantilla de la Policía Local también han mostrado por escrito "su total desacuerdo en la forma en que se inicia y desarrolla el expediente, aunque están de acuerdo en la investigación para la salvaguarda de los intereses del Ayuntamiento". También advierten que "dicha investigación ha de ser imparcial, respetuosa y veraz aplicando el derecho", hecho que, según denuncian, no se ha cumplido en esta ocasión. Además solicitan que se reconsidere el asunto en profundidad, analizando si existe una dejadez de funciones o, si por el contrario, no hay indicios racionales suficientes como para llegar a una conclusión.
