PÉREZ GIL
Esquerra Unida de Aspe ha pedido la intervención del presidente del Gobierno de España para que se haga cumplir la Ley de la Memoria Histórica y sean retirados todos los símbolos franquistas que todavía perduran en la localidad. El portavoz municipal de EU, Antonio Puerto, envió una carta a José Luis Rodríguez Zapatero mucho antes de que el pasado martes se desatara la polémica tras la denuncia pública dirigida por dos vecinos contra la alcaldesa del PP.
Fue el 28 de mayo de 2009 cuando el representante de EU solicitó la intervención del presidente del Gobierno haciéndole partícipe de que "todavía hay en Aspe un centro educativo público que lleva el nombre de General Moscardó, militar que colaboró y participó en el golpe de Estado que desembocó en la trágica Guerra Civil, y también en una de las portadas del templo religioso existen lápidas que contemplan, homenajean y exaltan a las víctimas del bando golpista y vencedor". El pasado 27 de octubre el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno le respondió por escrito informándole de que, en virtud del régimen competencial de la Ley de la Memoria Histórica, "corresponde a la Comunidad Autónoma Valenciana el cambio del nombre del colegio". Y respecto a la remoción de las placas que se exhiben en la basílica de Aspe "corresponde actuar al Obispado propietario del templo por ser de su competencia exclusiva". En cualquier caso el director de Presidencia, José Enrique Serrano, se solidarizó con la iniciativa de Puerto indicándole, en su carta, que "compartimos con usted su preocupación por la reconciliación definitiva entre todos los españoles, que es el objetivo primordial de la citada Ley". Una postura que coincide plenamente con la que mantiene la agrupación socialista de Aspe. A pesar de ello su portavoz municipal, Manuel Díez, se puso en contacto a principios de año con el cura para trasladarle su malestar y solicitarle la eliminación de la lista de fallecidos del bando nacional. Lista en la que, por cierto, figura una persona que todavía vive. El párroco se comprometió entonces a trasladar tal solicitud al Obispado pero nada más se ha sabido al respecto. Sin embargo Díez coincide con la alcaldesa, la popular Nieves Martínez, en defender la figura del obispo aspense Alcaraz Alenda, que tiene calle, placa y título de Hijo Predilecto. "No tenemos ninguna duda de que fue una persona ejemplar en su vocación de sacerdote y posterior cargo de obispo de Badajoz y, en tal sentido, no cabe más que respeto, consideración y cariño hacia su memoria", apunta.
