La alcaldesa de Elda, Adela Pedrosa, tiene ante sí un complicado problema heredado de los gobiernos municipales anteriores. Una sentencia de la sección quinta del Tribunal Supremo de la Sala Contencioso-administrativa obliga a demoler 120 bungalows y chalets en la zona de La Jaud. La resolución judicial remitida por el Supremo dice que el planeamiento urbanístico, denominado Plan de Reforma Interior (PRI) de la Jaud, que el Ayuntamiento aprobó en 2002 para regularizar la situación y subsanar las deficiencias urbanísticas de las 120 viviendas, es nulo "porque se dicta sólo para evitar la demolición", advirtiendo de "actuaciones ilegales" en la tramitación del expediente.

Los hechos se remontan a 1990, durante el mandato del alcalde socialista Roberto García Blanes, cuando se aprobó el Plan Especial de Rehabilitación Interior (PERI)-Puente Nuevo. En el año 1994 se aprobó la modificación del citado plan y un año después, exactamente el día 6 de marzo de 1995, el gobierno municipal dio luz verde a un proyecto de reparcelación que no gustaba a los propietarios. El día 14 de marzo, siendo concejal del área de Urbanismo el socialista José Miguel Espinosa, se concedieron las primeras licencias.

Los propietarios no tardaron en presentar un recurso contra el plan, puesto que se mostraban contrarios al despegue urbanístico de La Jaud y entendían que se permitía un exceso de edificabilidad en las viviendas. Un año después, los mismos demandantes volvieron a presentar otro recurso contra las licencias aprobadas y en 1998 el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) declaró la nulidad del PERI. En 1999 el TSJ ordenó demoler por lo que el Ayuntamiento recurrió, trasladando este asunto al Supremo.

En plena disputa judicial, el gobierno municipal socialista continuó concediendo licencias para construir viviendas a pesar de los varapalos de la justicia. La gravedad de la situación originada llegó hasta tal punto que, el día 5 de febrero del año 2002, el ex alcalde Juan Pascual Azorín aprobó el PRI para regularizar la situación e intentar evitar el derribo mediante un nuevo planeamiento urbanístico. Sin embargo, los propietarios volvieron a recurrir y el día 30 de enero de 2003 el Tribunal Supremo emitió una orden de demolición.

Un año después, el día 25 de abril de 2004, el Juzgado Contencioso corroboró la decisión del Supremo y volvió a ordenar la demolición. En enero de 2005, el TSJ de la Comunidad Valenciana anuló el PRI con el que se pretendía regularizar la situación del más de un centenar de viviendas afectadas. En una posición desesperada, el Ayuntamiento se vio obligado a recurrir otra vez ante el Supremo que, en la actualidad, ha desestimado definitivamente "los recursos de casación interpuestos por particulares y por el Ayuntamiento de Elda contra la sentencia dictada por la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en enero de 2005".

Aunque la sentencia que el Supremo acaba de emitir no habla de demolición, al anular el Plan de Reforma Interior, da validez a la resolución judicial del día 30 de enero de 2003, que obligaba a demoler.

El equipo de gobierno del Partido Popular ha heredado uno de los problemas más arduos del anterior gobierno socialista. De hecho, el ex alcalde Juan Pascual Azorín intentó, con la intermediación del arquitecto Ricardo Segura, acordar un concierto previo para evitar la demolición del centenar de inmuebles que se construyeron ilegalmente con una ocupación superior a la permitida.

Incertidumbre de los afectados

A esta polémica se suma la incertidumbre de los propietarios de los chalets y bungalows de la zona, quienes, además, no tienen licencia para reformar o ampliar sus viviendas. Muchos de ellos han tenido múltiples problemas para vender sus propiedades y han mostrado en numerosas ocasiones su preocupación por la grave situación que están viviendo desde hace años.