La Conselleria de Bienestar Social se ha dirigido por carta a un vecino de Beneixama que solicitó acogerse a las ayudas de la Ley de Dependencia para informarle de que su petición ha sido denegada. Y ello por "no encontrarse usted en un grado y nivel de dependencia de los que la ley ampara en este momento". La carta, remitida por la jefa de Área de Coordinación, ha llegado al domicilio del solicitante justo cuando se cumple un año de su muerte y después de que el director del Centro de Valoración y Orientación de Discapacitados, que depende de la misma Conselleria, le reconociera en mayo de 2007 un grado de minusvalía del 80%.
El solicitante era el ex alcalde de Beneixama, el socialista Manuel Felipe Sánchez, que falleció el 19 de septiembre de 2007, a los 59 años de edad, tras sufrir durante doce largos años un progresivo deterioro físico generado por una diabetes no detectada a tiempo.
La enfermedad hizo que perdiera la visión por completo en un ojo y en más del 50% del otro. En un primer momento le tuvieron que amputar dos dedos del pie pero, tal y como relatan su esposa e hija, seguía "manejándose bien" con la ayuda de dos muletas.
Sin embargo, en el año 2003 le fue amputada la pierna izquierda por encima de la rodilla y en 2005 se repitió el proceso con la derecha, lo que ya hizo imprescindible que utilizara una silla de ruedas. Todo ello se vio agravado con una insuficiencia renal crónica que le obligaba a someterse a cuatro sesiones diarias de diálisis peritoneal automatizada, un tratamiento que pasó a ser de hemodiálisis a través de catéter yugular.
La hija del fallecido, Teresa Sánchez, recordaba ayer en presencia de su madre, la maestra María Teresa Bellod, que cuando se aprobó la Ley de Dependencia fueron los primeros de Beneixama en solicitar la ayuda. "Mi padre necesitaba a una persona que lo atendiera todo el día. Mi madre es mayor -ahora tiene 63 años- y también está enferma. Por eso durante estos doce años yo he sido la que me he encargado de cuidarlo". Una dura tarea que le llevó a abandonar sus estudios en COU y que le ha impedido desarrollar una actividad profesional. "Esta ley es una buena ley -dice la viuda- pero la Generalitat no la está aplicando porque no tiene dinero para las personas impedidas. Y de este modo lo que demuestran los gobernantes es una enorme desvergüenza y una tremenda insensibilidad. Y más después de haberle enviado una carta a mi marido que lleva un año muerto", comentaba María Teresa Bellod admitiendo sentir rabia, pena e indignación.
VIUDA E HIJA
"Se han reído de nosotras"
La viuda e hija del fallecido están "muy dolidas" con los autores de esta confusión. "Mi padre sufrió mucho antes de morir y nosotras también con él, y ahora han conseguido que volvamos a recordar el duro trance por el que pasamos, y tenemos la sensación de que se han reído de nosotras", indica la hija afirmando tajante que "no queremos dinero; lo único que queremos es que todo el mundo sepa lo que nos ha ocurrido y que alguien de la Conselleria se responsabilice de ello porque, antes de enviar la carta, no les hubiera costado nada revisar sus bases de datos para comprobar si había fallecido", como ha sido el caso.
Teresa Sánchez y su madre tampoco entienden los errores y contradicciones en los que ha incurrido la propia Conselleria. "En la carta se dice que lo han sometido a una primera valoración pero no es cierto. Además, le deniegan ahora la necesidad de concurso de una tercera persona para ayudarle porque no lo consideran un caso de grado suficiente cuando un dictamen técnico facultativo del año pasado le otorgaba la puntuación necesaria para ello", explican ambas mostrando toda la documentación.
