El Estado es el propietario del chalé de Torrellano en el que fueron detenidas la semana pasada nueve personas por supuesto narcotráfico, aunque siete de ellas quedaron en libertad. Enrique C.M. perdió la propiedad, que le fue embargada, a raíz de una sentencia de la sección VII que le condenó a seis años de cárcel por diversos delitos relacionadas con el tráfico de drogas. En dicho proceso la Fiscalía logró que perdiera la finca lo que era difícil de conseguir ya que estaba a nombre de su ex-mujer de la que lleva separado años. Dicha sentencia además es firme porque fue confirmada por el Tribunal Supremo y, aunque está inscrita ya como un bien del Estado, no se ha instado por letrado alguno el proceso de desahucio de los inquilinos, que fueron detenidos allí.
"Durante el tiempo que estuvimos durante el registro vimos un incesante paso de pequeños camellos que iban a por algunas dosis", aseguró una fuente ayer a este diario sorprendida de ver cómo la lentitud de la ejecución administrativa ha provocado el que la finca siga siendo utilizada por el ex propietario.
Enrique C. M. tampoco ha ingresado en prisión por dicha sentencia ya que tras conocer que era firme solicitó su indulto ante el Consejo de Ministros lo que a todas luces se considera una maniobra dilatoria para evitar el ingreso en prisión, según fuentes judiciales.
