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a entrada de Bulgaria en la UE con fecha 1 de enero de 2007 obligó ayer a la Fiscalía a retirar parte de la acusación contra tres ciudadanos de este país que estaban acusados de vender seis meses antes y por 1.600 euros a una compatriota a la que obligaban a prostituirse en clubes de Torrevieja. El caso es más que curioso porque este delito, denominado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, no puede ser subsumido por otro del Código Penal por lo cual debe entenderse que no está penalizado para los no extranjeros; es decir, para los ciudadanos comunitarios, según jurisprudencia del Supremo.
Aunque los hechos ocurrieron seis meses antes de la entrada de Bulgaria en la UE los tres procesados se beneficiaron de que el juicio se celebró ayer, cuando ya tienen la consideración de ciudadanos europeos y, por lo tanto, no son extranjeros, tal y como fija el Código Penal por lo cual no pueden ser condenados como tales.
La Fiscalía, en cambio, sí logró una condena para estos tres procesados, Sergey I.M., Katia N. y Orlin I.A. por delitos relativos a la prostitución. Los dos primeros reconocieron haber obligado a dos compatriotas, Emilia A.A. y a Dobromira K.N., a dedicarse a la prostitución en España y a entregarles el dinero que ganaban.
La segunda de estas jóvenes fue la que vendieron con ayuda de Orlin I.A., quien aceptó dos años de cárcel porque sólo obligó a una de ellas a ser explotada sexualmente, algo que fue ratificado en el juicio por los otros dos procesados. La venta de la joven por 1.600 euros, hechos que ni tan siquiera se discutieron en el juicio se llevó a cabo en una gasolinera de Torrevieja.
Prostitución y aborto
Por otra parte, la sección VII de la Audiencia juzgó ayer también a Nicolae G. y Constantin S., dos ciudadanos rumanos que estaban acusados de dos delitos relativos a la prostitución y de un delito de aborto porque, según sostiene el fiscal en su escrito de acusación, obligaron a una de las jóvenes que mantenían retenida y explotaban sexualmente a tomarse unas pastillas abortivas "para que continuara con el ejercicio de la prostitución". Precisamente esta circunstancia fue la que permitió la detención de ambos en junio del pasado año.
Los hechos, que no reconocen los procesados durante el juicio oral, se iniciaron en marzo de 2006 y, según el fiscal, las dos jóvenes fueron obligadas a prostituirse en clubes de Cartagena, San Pedro del Pinatar y Torrevieja, ya que les quitaron sus pasaportes, además de amenazarlas de muerte.
El acusador público solicitó al final de la vista para cada uno de los procesados 8 años de cárcel por los dos delitos de prostitución y seis más por el delito de aborto.
