Vecinos de La Marina, afectados por el desarrollo del sector urbanístico MR-3, de casi 64.000 metros cuadrados de superficie, en los que hay un techo edificable de unos 33.000 metros cuadrados, se movilizarán contra el diseño del Ayuntamiento de Elche para el sector, al plantear la eliminación de una decena de viviendas existentes que desaparecerán, algunas como consecuencia de la prolongación del bulevar existente en el casco urbano de la pedanía y otras como consecuencia del establecimiento de una zona comercial.

Eduardo Boix, uno de los afectados, explicaba a este diario que "desaparecen diez viviendas, la mayoría con más de tres generaciones de antigüedad y ocupadas en la actualidad por personas mayores, con una media de 70 años. En una de ellas, hay una persona de 86 años", afirmó el vecino de la pedanía, quien se entrevistó esta semana con el concejal de Urbanismo y los técnicos municipales para hacerles saber el malestar existente por el diseño que ha realizado el propio Ayuntamiento. Boix no ocultaba la decepción al término de la reunión. "Me ha quedado claro que al equipo de gobierno le da igual la gente que está allí. Nos han dicho que prevalece lo público y la estética. Lo curioso es que a las personas a las que les hemos votado ahora nos tiran de nuestras casas en La Marina".

Los afectados aseguraron que pondrán el asunto en conocimiento de las asociaciones de empresarios y de vecinos para recabar su apoyo de cara a la organización de manifestaciones contra el Ayuntamiento por "un desarrollo urbanístico en el que no se aplica el sentido común de respetar las viviendas que están construidas legalmente". El letrado de los afectados, Miguel Ángel Mateo, apuntaba que "nos han dicho que prevalece el interés público sobre el privado, pero no hay que ser tan rígido".

Por su parte, Santiago Gambín, asesor jurídico de la empresa Alcalá 120, SL, -que ha solicitado como propietaria mayoritaria el inicio del expediente-, manifestaba a preguntas de este diario que "el propietario mayoritario se ve condicionado por la ordenación que propone el Ayuntamiento. El interés del promotor es que los costes sean los menos posibles y cualquier solución que pase por derribar menos construcciones, no habría inconveniente, al contrario".