A ntonio Nieto y Juan Cánovas, los dos ex presidentes de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS); que están imputados por un delito medio ambiental derivado de la contaminación del río, declararon ayer en el juicio que en el periodo en el que se produjeron los hechos tanto las empresas como los ayuntamientos y las depuradoras podían verter ya que contaban con una autorización provisional que se les dio a raíz de un real decreto del Gobierno. A través del mismo se comenzaron a dar los primeros pasos para poder resolver un problema que, a finales de los 80 afectaba a todos los ríos españoles que recibían medio millón de vertidos, lo que provocó una sanción de la Unión Europea.

Nieto, presidente entre el año 1996 y 2000, aseguró que tenían inventariados «ciento y pico» puntos de vertidos en la cuenca, «los que más preocupaban eran los purines y los industriales, unos 50 ó 60». El ex presidente dijo que durante los plazos de moratoria, a partir de 1987, por 10 ó 15 años que dio el Gobierno, los vertidos podían continuar a la cuenca aunque para los responsables se modificó el status que disfrutaban, como autorizados, por el de «autorizados provisionalmente» en tanto en cuanto cumplieran o bien los respectivos planes de saneamiento (que afectaban a los ayuntamientos y a la Generalitat, propietaria de las depuradoras a las cuales se conectarían); o los proyectos de depuración privados.

Nieto aseguró que a finales de los años 90, cuando se agudizó la sequía y el caudal pasó a ser de la mitad, la contaminación se hizo más patente. «En el 96 era un cauce muerto y Murcia, que carecía de depuradora, era la responsable del 70% de la contaminación orgánica del Segura, pero tenía hasta el año 2001 para poner en marcha el plan de saneamiento, como así hizo», aseguró.

Esa moratoria para poner en marcha las infraestructuras de saneamiento en Alicante y Murcia, según se desprende de la declaración de Nieto, era lógica porque «la contaminación no se podía cortar de un día a otro, si no se ponía un tapón a los 240 municipios que vertían las aguas de 1,3 millones de personas». Comisario Los dos ex presidentes aseguraron que, a través del comisario de Aguas, se siguió comprobando los vertidos del cauce y que buena prueba de ello es que hubo, durante los años de Nieto como presidente, sanciones por valor «de 100 millones de pesetas». Todo ello ocurrió a partir de 1995 porque antes no se realizaban analíticas. «A los ayuntamientos que vertían productos contaminantes se les expedientaba y sancionaba, pero no se podía impedir el vertido», insistió Cánovas quien, además, dudó de que él, por su cargo, tuviera potestad. «Nosotros sólo sancionamos faltas leves y menos graves, las graves son del Ministerio del Medio Ambiente y las muy graves, del Gobierno. Era imposible que se impidiera los vertidos a un municipio porque estaríamos en último caso ante un estado de necesidad». Nieto, por su parte, añadió al respecto de la imposibilidad de cortar los vertidos que «si el ayuntamiento estaba incorporado a un plan supramunicipal para la autorización de vertidos corría el riesgo de que me sancionara porque estaba protegido por la comunidad».

Nieto añadió que, ante la situación que tenían, «hicimos lo que podíamos hacer» y recordó que mantuvo reuniones con las empresas conserveras para que agilizaran sus infraestructuras en materia de depuración «yo tenía que cuidar de la calidad del río, pero de las inversiones que había que hacer no era cosa mía, aún y así intervine (en Murcia); en una depuradora». Cánovas añadió que durante todos los años que estuvo al frente de la CHS existió «una estrecha relación con el Ministerio de Medio Ambiente, yo diría que intensísimas porque se conocía la situación que había en el Segura y el secretario de Aguas venía cada seis meses».