L a concejala de Bienestar Social, Vicenta Pérez, ha manifestado la preocupación del Ayuntamiento y, en especial, de su departamento, ante la puesta en marcha de la Ley de Dependencia en la Comunidad. Según ha explicado la concejala, la Conselleria está boicoteando la valoración de las solicitudes presentadas por los ciudadanos, a pesar de que el proceso para presentar la documentación comenzó el pasado día 21 de abril. Pérez recordó que el plazo para tramitar las solicitudes de valoración de dependencia expirará el 21 de octubre, momento en que los ciudadanos a quienes no se les haya contestado tendrán que reclamar por la vía administrativa o por la judicial. «Se trata de un derecho individual universal, como la educación o la salud, por lo que los ciudadanos tendrían derecho a reclamar su cumplimiento judicialmente».

La responsable del departamento de Bienestar Social aseguró que en Elche se han tramitado a través de los centros sociales 1.300 solicitudes de valoración de dependencia. El problema, según la edil, reside en que desde esa fecha la Conselleria de Bienestar Social no ha remitido a los ayuntamientos ningún tipo de instrucciones para llevar a cabo la coordinación de los servicios, ni ha contestado a los requerimientos realizados desde su departamento para que faciliten los trámites a los ciudadanos afectados. Además, la concejala se refirió al grave problema que supone la falta de evaluadores. De hecho, la Conselleria sólo cuenta con 35 para toda la Comunidad, aunque la propia Conselleria admite que harían falta 250 evaluadores.

Por último, Vicenta Pérez hizo mención a los recursos que harían falta en Elche y que incluyen dos residencias públicas para mayores, dos residencias públicas para enfermos mentales crónicos, un centro de Alzheimer, un centro asistencial para minusválidos psíquicos, una residencia para minusválidos físicos, un centro ocupacional y un centro de estimulación precoz.