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JUICIO

Los responsables del Segura no impedían a los ayuntamientos verter residuos en el río

 18:24  
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Los ex presidentes de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS); Antonio Nieto y Juan Cánovas explicaron hoy al juez que no podían prohibir a los ayuntamientos que dejasen de verter residuos al río ya que éstos tenían una autorización provisional de la Generalitat.

EFE Nieto y Cánovas prestaron declaración como acusados durante la tercera sesión del juicio que se sigue en la sección séptima de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche, por presuntamente consentir vertidos ilegales al río Segura antes de 2002.

Además de estos dos ex mandatarios del CHS, están acusados siete empresarios de Orihuela, Callosa del Segura y Redován y el ex comisario de Aguas de la etapa de Cánovas, José Alemán, en un caso en el que la Fiscalía pide penas que suman 26 años de cárcel y multas por valor de 140.400 euros.

Nieto señaló que cuando llegó a la presidencia, en 1996, el río estaba en una situación "bastante grave", especialmente por la ausencia de la depuradora de Murcia, lo que generaba entre "el 60 y el 70 por ciento de la contaminación orgánica" del río.

Además, señaló que las competencias de la CHS eran limitadas, ya que todos los ayuntamientos que vertían a las depuradoras o a los cauces públicos estaban adscritos al Plan de Saneamiento y Depuración de las Aguas elaborado por la Generalitat en 1995.

Esta normativa estableció, a partir del Real Decreto 484, conceder autorizaciones provisionales a los municipios para echar los residuos a la cuenca mientras se construían los sistemas de limpieza necesarios.

No obstante, la sequía que hubo en España en 1998 agravó la situación del río, que "redujo su caudal en un 50 por ciento", y propició que la CHS hiciera un Plan Extraordinario de Control de Vertidos al Segura, cuya competencia era "exclusivamente municipal".

Según Nieto, la "Comisaría de Aguas se dirigió a todos los ayuntamientos que vertían en el río y les advirtió de que, aunque dispusieran de una autorización provisional, si se excedían de una determinada cantidad de vertidos serían sancionados", procedimiento por el cual se abrieron numerosos expediente y se impusieron multas por un valor de "unos 100 millones de pesetas" (600.000 euros);.

Asimismo, de todas las inversiones que contemplaba el Plan de Saneamiento de la Generalitat, "la única que dependía de la CHS era la depuradora de Murcia", de la que se encargaron que "se cumplieran los plazos establecidos".

"Hicimos todo lo que pudimos. Teníamos la posibilidad de pulsar dos teclas: hacer la depuradora de Murcia e impulsar un plan para controlar los vertidos, y pulsamos las dos", incidió.

Reiteró que la CHS "no podía prohibir a un ayuntamiento que vertiera al río si éste tenía una autorización provisional de un plan supramunicipal", permisos que "ya estaban concedidos" cuando llegó al cargo, y añadió que si se hubiera sancionado a algún consistorio adscrito al Plan éste podía actuar contra ellos.

Nieto especificó que cuando los vertidos van a parar al alcantarillado "la competencia es del ayuntamiento", situación en la que se hallan ocho de las once empresas que son enjuiciadas, por lo que en esos casos, la CHS "no tenía potestad para actuar".

En los otros tres supuestos "las características del vertido sólo permitían la apertura de un expediente" porque no era graves.

Por su parte, Cánovas, presidente entre 2000 y 2004, indicó que durante su gestión asumió el plan de choque puesto en marcha por Nieto y que lo intensificó con "análisis mensuales a las depuradoras y semestrales a las industrias, así como con un servicio de limpieza del río permanente y la oxigenación del Segura a su paso por Orihuela y Rojales".

Reconoció que las depuradoras sí que echaban los residuos al cauce público, pero añadió que "se ajustaban al Plan de Regularización de Vertidos y estaban en una situación legítima".

En cuanto a su capacidad sancionadora, explicó que "nunca" percibió que hubiese una norma de rango suficiente que le permitiera "decir a un municipio que tenía una autorización provisional de la Generalitat que dejase de verter".

Mañana declarará el comisario de Aguas de la etapa de Cánovas, José Alemán, mientras Luis Pérez, que tenía ese cargo con Nieto y que también está acusado, ya ha fallecido.

Asimismo, comenzarán las declaraciones de los cuarenta testigos que participarán en el juicio, entre ellos dieciocho alcaldes de Alicante donde se detectaron los vertidos.

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