Los empresarios niegan que fabricaran o usaran los tóxicos hallados en los análisis

M. ALARCÓN L a sección VII de la Audiencia cerró ayer la declaración de los 11 empresarios acusados de la contaminación del Segura recogiendo el testimonio de los ocho que faltaban. Como ocurrió en la primera sesión del juicio, los procesados no negaron una realidad evidente, como es el hecho de que vertían en mayor o menor medida a los azarbes del Segura o a la red de alcantarillado aguas procedentes tanto sanitarias como de desechos de la producción - después de usar sistemas de depuración - , pero sí el que fueran tóxicas. Es más, algunos acusados negaron que tanto a lo largo del proceso de producción se usara o se fabricara algunos de los tóxicos hallados en los análisis del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona); de la Guardia Civil. Otros, en cambio, manifestaron que los tóxicos eran retirados por empresas especializadas en la gestión de residuos y hay quien aseguró, como Joaquín Canales, responsable de una empresa de conservas de San Fulgencio que «los fenoles (un compuesto orgánico tóxico); los producen las alcachofas».
Entre los testimonios también destaca el de José Antonio Murcia, responsable de una empresa de conservas y preparados de ensaladas de Orihuela, quien manifestó que «los únicos líquidos que produzco son de consumo humano y no sobran porque se utiliza todo». Curiosamente, a Murcia, al que se le imputa como industrial, aseguró ayer para sorpresa de todos que él es sólo un representante comercial y que, además, en aquellas fechas la fábrica estaba alquilada a terceros. La abogada del Estado, que representa a los tres ex altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS); que igualmente están imputados por delito medio ambiental, tuvo muy en cuenta la declaración de la mayor parte de los procesados porque éstos aseguraron que sus autorizaciones de vertidos fueron tramitadas ante los ayuntamientos donde tenían sus industrias. De hecho alguno tuvo que completar bajo autorización municipal la canalización hasta el alcantarillado para obtener la licencia. De dichos vertidos debía tener conocimiento igualmente la Generalitat, propietaria de las depuradoras a las cuales iban los vertidos, porque los empresarios pagaban y siguen pagando un canon que varía en función del tipo de aguas residuales que vierten.
Frituras Buena prueba de ello es la declaración de José Bernabé, propietario de una empresa de frituras de patatas en Redován, quien aseguró que el único problema lo tuvo con el Ayuntamiento por un cambio en la ordenanza de vertidos y que fue el Consistorio quien le obligó a paralizar la producción hasta «que nos concedieron la autorización», mientras tanto, «yo compraba las patatas ya fritas». En cualquier caso, Bernabé dijo que los metales pesados detectados en la zona «no eran míos. Yo separaba el sólido del líquido, que no iba ni a los azarbes ni a ningún sitio. Del aceite se hacía cargo un gestor y las freidoras, como todo el mundo sabe, no se lavan».
También negó los vertidos tóxicos Francisco Torá, representante de una firma de ahumados de Redován, quien dijo que «no sé de dónde podían proceder los sólidos en suspensión, los aceites y grasas que detectó el Seprona». Pero lo cierto es que fue el Consistorio quien le obligó a mejorar el filtrado de sus aguas al alcantarillado «el Ayuntamiento me dio un plazo para resolver el problema».