Los vecinos rechazan de plano cualquier negociación con las dos administraciones que suponga el que la planta de reciclaje continúe abierta. Así lo han venido manifestado desde hace cuatro años, cuando el Tribunal Superior de Justicia les dio la razón y declaró que la ubicación de la instalación era ilegal porque vulneraba sus derechos. En el recurso contencioso-administrativo la asociación de afectados era muy explícita porque solicitaban «la demolición de los construidos y, consecuentemente, la devolución del terreno a su estado anterior»; es decir, lo mismo que solicita la Administración a cualquier ciudadano

El malestar de la asociación de afectados con el Ayuntamiento y el Consorcio por este planta es tal que llegaron a plantearse tras la sentencia de marzo de 2003 que se procediera a la ejecución provisional del fallo; es decir, al cierre en tanto en cuanto el Supremo resolviera, aunque tuvieron que desistir por la elevadísima fianza que se solicita para estos casos. Lo que sí quedó claro para los vecinos desde el primer día fue que la Administración