L a diputada del grupo Compromís en las Cortes Valencianas, la ilicitana Mireia Mollà, afirmó ayer que la notificación de su expulsión de Esquerra Unida «no tiene validez» porque, entre otros motivos, no está firmada «por ningún miembro de la comisión instructora» y porque la recibió «el 28 de agosto» mientras que está fechada el 1 de septiembre. La dirección de EU anunció el pasado mes de julio que iba a proceder a expulsar del partido a las diputadas autonómicas Mireia Mollà y Mónica Oltra, ambas de la corriente nacionalista de EU, Esquerra i País (EiP);, después de que ambas apoyaran la sustitución de Glòria Marcos por Oltra como portavoz del grupo Compromís.
En una rueda de prensa en Elche, Mollà señaló que en su opinión, la comisión instructora ha actuado de forma «apresurada para que las alegaciones no se estudien antes del Consell Nacional». El Consell Nacional de EU se reunirá el próximo día 15 para tratar la resolución de su expulsión.
La diputada de Compromís indicó que todavía no ha presentado sus alegaciones y añadió que si finalmente la resolución no es positiva para sus intereses está dispuesta a recurrir al Síndic de Greuges, porque cree que ella no ha incumplido «ningún estatuto del protocolo de Compromís».
Para Mollà, «la dirección (de EU); jamás ha apoyado el pacto de Compromís y hoy por hoy todavía no han reconocido que sin Compromís hoy no habría grupo parlamentario ni de EU ni de ninguna alternativa de izquierdas».
Por otra parte, EiP rechazó en un comunicado que la dirección de EU les acuse de «morosidad», e indicaron que esas acusaciones buscan esconder la «nefasta gestión de los recursos económicos» que están haciendo, debido a una «política de ayudas a determinados sectores de la organización con criterios de afinidad». Según EiP, la dirección de EU ha impagado una serie de conceptos que si se contabilizaran darían «un balance negativo para EU de unos 22.000 euros que se le tendrían que reclamar».
