Reclasificación de suelo que permite actividades turísticas en El Altet

Una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Elche que abre la puerta a la instalación de actividades turísticas, deportivas, recreativas, de ocio y terciarias, así como a actividades industriales o a viviendas unifamiliares al este de El Altet, y que ahora entra en la recta final. Todo después de que el Ayuntamiento de Elche haya sacado a información pública la adaptación de la clasificación de estos terrenos, con una superficie de en torno a 138.000 metros cuadrados, distribuidos en una parcela de unos 126.000 metros y otra de algo más de 12.000, situados entre el casco urbano de la pedanía y la Carretera Saladar o Camino Viejo de Alicante a Santa Pola, una vez que ya ha recibido el plácet del Consell y pasó por la última sesión plenaria celebrada hace ahora una semana.

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De especial protección

En concreto, en el documento que sale a información pública se explica que la zona aparece clasificada con clave 62 p, esto es, montes y áreas forestales en suelo no urbanizable de especial protección y de propiedad pública. En este sentido, se indica que estos terrenos estaban considerados hasta 2019 como suelo forestal estratégico, pero la conselleria modificó su catalogación eliminando esa protección y, además, hubo una permuta con la Administración autonómica que convirtió esas parcelas en privadas. De ahí que se proceda a pedir que se revise la clave urbanística, de manera que se pase a la 52, es decir, suelo no urbanizable común de reserva.

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Saladar de Agua Amarga

No obstante, como se reconoce en el texto en el que se justifica esta modificación puntual del PGOU, al norte de los terrenos se localiza la zona húmeda del Saladar de Agua Amarga, incluida en el Catálogo de Zonas Húmedas aprobado por el Consell en 2002 y una de las parcelas queda dentro de su zona de afección, «debiendo respetar las condiciones que ello implica», se señala, lo que, a priori, implicaría que se quedaría fuera del cambio clave. Sin embargo, en el área afectada por la reclasificación queda descartado su posible uso urbanístico residencial, pero sí se permiten viviendas unifamiliares, equipamientos públicos, usos agrícolas y actividades terciarias y turísticas enfocadas a usos hoteleros o campamentos, algo esto último a lo que parece apuntar el documento. 

Crisis

«La privilegiada situación de este entorno, entre el casco urbano y la zona costera, hace que exista una oportunidad para implantar en los mismos determinados usos compatibles con el suelo no urbanizable común, que resultan inviables si el suelo ostenta alguna figura de protección», alegan los promotores en este sentido. Incluso apuntan a la situación económica que provocó el covid, vaticinan una crisis de empleo en España, la Comunidad Valenciana y Elche -aunque los datos de afiliados hechos públicos este lunes indican otra cosa-, y añaden que «se antoja por la Administración pública que, dentro de las potestades que ostenta, la generación de las condiciones más óptimas para que se genere tejido productivo y las actuaciones activas que favorezcan el empleo en el municipio, que conlleve una lucha contra el desempleo, revirtiendo la caída de creación de puestos de trabajo y por ende redundando en la mejor calidad de vida de los habitantes, debe ser una lucha, una ambición y una necesidad que debe de adoptarse como eje en las actuaciones que el Ayuntamiento debe imponerse». Parece, por tanto, que la intención es lograr la reclasificación para instalar una actividad económica en consonancia con un emplazamiento tan cercano al litoral.

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La permuta

Sea como fuere, en el informe explican que el PGOU de Elche, de 1998, le dio esa clasificación a esos terrenos al estar incluidos entre los montes públicos de la Generalitat, lo que suponía que se les aplicaba la ley forestal vigente en esos momentos. Sin embargo, fue en 2017 cuando el Consell aprobó un decreto por el que se modificó el catálogo de montes de dominio público y utilidad pública en la provincia, descatalogando esas 12,6 hectáreas de terrenos forestales en El Altet denominados Carabassí i Cabeçó, propiedad de la Generalitat. Como contraprestación, los propietarios ofrecieron 200 hectáreas situadas en la umbría de la Sierra de Salinas, en Villena. Así las cosas, en febrero de 2019, los nuevos dueños de ese suelo solicitaron a los servicios territoriales de Alicante la modificación de la categoría de los terrenos permutados, ya que el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (Patfor) los seguía considerando suelo forestal estratégico. Eso es lo que llevó a que a mitad de 2019 culminara la modificación de la cartografía del suelo forestal asociada el Patfor, de manera que se pasó de suelo forestal estratégico a suelo forestal ordinario. 

Trámites municipales en 2022

Con estos de punto de partida, en 2021 se inició la redacción del Documento Inicial Estratégico (DIE) y el borrador de modificación puntual del PGOU, y en junio de 2022 el Ayuntamiento de Elche presentó la solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica ante la Generalitat, un trámite al que la Administración autonómica dio luz verde ya en octubre del año pasado en una resolución en la que, además, fija los antecedentes de este trámite en 2017, en esa permuta. Ahora, este proceso parece que enfila su recta final, una vez que se abre el periodo de información pública.

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